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martes, 9 de junio de 2020

LA FISCALÍA ESPAÑOLA SE DECIDE A "INVESTIGAR" AL HEREDERO DE FRANCO

 

Con un retraso de años, la Justicia española decide investigar sobre los negocios de Juan Carlos I de Borbón, realizados después de que este dejara de ser rey

 

Con amargo escepticismo han acogido los ciudadanos españoles la noticia de que Juan Carlos I de Borbón, heredero de Franco va a ser "investigado" por la justicia española . Aunque la categoría de los presuntos delitos cometidos por el "emérito" rey de ser probados judicialmente deberían de acarrearle penas de prisión. Sin embargo, la franja españoles que creen en esa posibilidad debe ser tan insignificantemente reducida que sería imposible reflejarla en un gráfico.




     Las operaciones  y actividades financieras del penúltimo Rey Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca Felipe VI,  han estado sometidas a todo tipo de sospechas, comentarios soto voce y, también, desde hace tiempo, a los primeros titulares de la prensa extranjera, sin que hasta ahora ninguna instancia judicial española se haya atrevido a proceder judicialmente en su contra.



    Las abundantes informaciones proporcionadas por los rotativos internacionales, convirtiendo las andanzas financieras del rey en primera línea informativa, provocaron  que  el pasado mes  de marzo, en plena virulencia de la pandemia del coronavirus, su hijo Felipe VI se viera obligado a renunciar a la herencia paterna,  dada  la evidente "contaminación" que una parte del patrimonio real ofrecía por su estrecha relación con "comisiones" y paraísos fiscales.


    En un gesto que pareció  más enfocado a la "galería" que a  otros propósitos éticos, el actual monarca pretendió distanciarse de las correrías de su padre, realizando una renuncia imposible a su legado, y procediendo a destiempo a la supresión del "estipendio" oficial  del que  el  ex monarca era receptor. El gesto fue contemplado,  fuera y dentro de España, como una fanfarronada. Como un simbólico y justificativo "brindis al sol", de difícil credibilidad.

 

    El inicio del escándalo público se produjo  en el 2018, cuando en una conversación grabada por un comisario jubilado, José Manuel Villarejo, mediáticamente conocido por su conducta y procedimientos turbios, la ex amante real,  Corinna zu Sayn-Wittgenstein, describió, hilo por pabilo, la magnitud gigantesca de los tejemanejes  financieros reales.

 
   En la conversación citada, la antigua amante del heredero de Franco manifestó, sin cortarse un pelo en su relato, que el ex Monarca había estado recibiendo sustanciosas comisiones euromillonarias por "sus negociaciones" con la corrupta  monarquía saudita, para que esta le adjudicara las obras del tren AVE a La Meca a una empresa española. La aristócrata y amante real puntualizó, igualmente, en la conversación grabada, que fue la esposa de un difunto traficante de armas la que se encargó de repartir el botín  obtenido. 

 
      En la investigación de los negocios de Juan Carlos I, la Fiscalía española, que como suele suceder en casos esta "naturaleza" lleva el "paso" notoriamente cambiado en relación  con la prontitud y eficacia de la Fiscalía suiza, que por ser el país en cuya Banca el Borbón ingresó una parte importante del "botín de las comisiones" inició  sus pesquisas sobre los pasos  del "monarca emérito", hace ya nada menos que 2 años.



      De acuerdo con  las informaciones de prensa, la Fiscalía española ya ha procedido al  interrogatorio de Shahpari Zanganeh, la mujer del conocido traficante de armas Adnan Khashoggi, por ser esta la presunta  encargada del reparto de las comisiones resultantes de los negocios reales , así como a la propia Corinna, en calidad de testigo, en septiembre de 2019.

 
     Hasta primeras horas de la mañana de este lunes, la Casa Real no había dicho ni mu sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo  de proceder a investigar a  Juan Carlos de Borbón.

 

     Aunque la categoría de los presuntos delitos cometidos por el "emérito" de ser probados  judicialmente  le podrían acarrear penas de cárcel,  la franja demográfica de  ciudadanos de este país que creen que el heredero directo de Franco pudiera terminar dando con sus huesos en una cárcel es tan ridículamente irrelevante que resultaría  extraordinariamente dificil poderla reflejar en un gráfico. 




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