Foto de archivo de una monja caminando hacia la puerta de uno de
los centros golpeados por la pandemia, la residencia de mayores
Santísima Virgen y San Celedonio, en Madrid capital
Continúan las sombras acerca
de la muerte de alrededor de 14.000 abuelos en el foco en el que más se
ha cebado el coronavirus, las residencias de mayores. Han pasado tres
meses desde que comenzara la epidemia en España y el Ministerio de
Sanidad sigue sin dar una radiografía de lo que ha sucedido en los
centros.
La residencia Monte Hermoso de
Madrid fue la primera la que, de golpe, se acumularon los muertos,
mientras Isabel Díaz Ayuso, la presidente regional, no sabía qué hacer.
Morían diecisiete abuelos en tan sólo cuatro días.
A partir de ahí que empezaron a
conocer más y más muertes en las residencias de toda España. Más de
18.000 personas murieron en geriátricos en los últimos tres meses con
coronavirus o con síntomas compatibles de la enfermedad. Representan más
de un tercio del total de fallecidos en el país.
Las mayores incidencias se
daban en Aragón, Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Asturias, además
de en Madrid y Cataluña. Sólo en estas siete comunidades se concentra
más del 50% de las muertes en residencias.
Lo cierto es que no hay cifras
oficiales porque no se pueden confirmar, o al menos eso es lo que
argumenta Sanidad. Cada semana recibe las cifras de los gobiernos
autonómicos, pero hasta el momento no ha revelado ningún balance
unificado. Tampoco explica por qué ese retraso.
“Tal y como ha
explicado el ministro, Salvador Illa, los datos se han solicitado a las
CCAA y cuando se disponga de todos ellos y se hayan analizado se darán a
conocer”, señalan.
¿Algunas CCAA podrían no estar facilitando la cifra de abuelos fallecidos?
La falta de transparencia es total. No se sabe si lo que
ocurre es que los gobiernos regionales no están facilitando estas cifras
o si hay otro tipo de problema. Si no es posible homologar los números,
por ejemplo.
De hecho, sobre todo los primeros días, no se les hacía la
prueba PCR a los ancianos fallecidos. Bastaba con que hubieran tenido
cualquier síntoma compatible con la enfermedad.
Por su parte, la Fiscalía ya
cuenta con 186 denuncias de familiares, 87 de residencias, 21 de las
cuales ya se han enviado a los juzgados. A finales de mayo el Ministerio Público ya había abierto diligencias para investigar 170 centros residenciales de mayores.
El Gobierno de Ayuso es el que mayor número de querellas acumula.
A pesar de las negativas de la presidente madrileña y de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acerca de un protocolo respecto al traslado de los abuelos a los hospitales madrileños,
los familiares de los residentes lo conocían.
Los propios médicos de
los centros se lo dijeron telefónicamente cuando sus familiares
enfermaban.
Para muestra, un botón de la
página de Facebook de la residencia Casaquinta de Ciempozuelos, una de
las intervenidas por la Comunidad de Madrid, todavía puede leerse lo
siguiente. “El hospital de Valdemoro, por su propia saturación,
no acepta ninguna derivación de la residencia y los medios con los que
contamos son inexistentes”.
El protocolo de no derivación no solo se aplicó en Madrid
La situación se repite en
Barcelona ante la saturación de los hospitales las decenas de muertos.
La Xunta de Galicia ordenó que no se derivaran personas con dependencia
severa obra dependencia. Lo mismo se hizo en Castilla y León.
Especialmente grave ha sido lo
sucedido en Madrid, en especial por el alto nivel de incidencia del
virus. A tal punto se ha llegado la crisis de gobierno es un hecho.
Mientras que Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, asegura
que tanto Ayuso como Escudero ignoraron sus advertencias.
De él dependían las
residencias madrileñas hasta que fue despojado de ellas después de que
la presidente delegara el mando único el consejero de Sanidad.
Lo cierto es que, con protocolo o sin él, al menos 6.007 ancianos han muerto en los centros residenciales de mayores de la región madrileña.
La Comunidad no impuso el triaje de ancianos a los hospitales privados, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto
En los días en que los mayores de residencias enfermos de covid-19 eran rechazados por los hospitales públicos sus
compañeros con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser
atendidos en una cama de hospital en Madrid.
La Comunidad impuso su
triaje de admisión solo en la red de hospitales públicos, dando una vía
de escape a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.
Operadores
de la red privada y sus clientes confirman a EL PAÍS que gracias a esa
cobertura pudieron sortear la exclusión diseñada por la Comunidad de
Madrid durante lo peor de la pandemia de coronavirus, entre mediados de
marzo y mediados de abril.
Para
evitar el colapso de sus hospitales públicos, la Consejería de Sanidad
elaboró protocolos que excluían a mayores de residencias que estuvieran
en fase terminal y con dependencias como moverse en silla de ruedas.
Esos documentos asignaban a los 475 centros de Madrid un geriatra de
referencia en un hospital público de su zona, para decidir por teléfono
si era posible derivar a los enfermos.
Pero ese triaje no fue impuesto a
la extensa red de más de 40 clínicas y hospitales privados en Madrid, a
pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, gozaba de un mando único sobre la sanidad pública y privada desde el 12 de marzo.
“Tuvimos
cinco o seis casos de residentes que llegaron de residencias en zonas
tensionadas”, dice el gerente de la Clínica Santa Elena y presidente de
Hospitales Católicos de Madrid, Miguel Ortegón.
Asisa,
una aseguradora que gestiona el Hospital de Moncloa, con 235 camas, dice
que la Consejería de Sanidad nunca les dijo que tuvieran que
seleccionar a los mayores de acuerdo a los criterios del protocolo de
exclusión.
“Afortunadamente en ningún momento tuvimos que denegar un
ingreso”, afirma una portavoz. Tampoco fue rechazado ningún cliente de
Sanitas, con tres hospitales en Madrid, o QuirónSalud, con siete centros
propios, según sus portavoces.
La hija de una residente
en un centro de Madrid capital cuenta que ella misma llamó a Sanitas
para que fueran a recoger a su madre, una persona con una gran
dependencia que no hubiera pasado el corte de la Sanidad pública.
Fue el
3 de abril, uno de los días más críticos de la crisis sanitaria en la
región. Cuenta que en una hora de reloj la recogió una ambulancia. Fue
una suerte que no tuvieron otros en ese geriátrico, según esta familiar
que ruega anonimato porque no quiere exponerse a la atención pública.
Ingresó con neumonía bilateral y pasó un mes en el hospital. Cree que su
madre hubiera fallecido de no haber sido por esa cobertura privada. Así
se lo han dicho las trabajadoras de ese centro. “Lo tengo clarísimo. Me
imagino que un montón de gente que no ha tenido mi oportunidad ha
perdido la vida”.
Cuando un paciente enfermaba
gravemente, los empleados de residencias tenían que llamar al geriatra
de enlace del hospital público de referencia para valorar el traslado de
acuerdo a sus síntomas, a la saturación de las urgencias y a los
criterios del protocolo.
Si el enfermo tenía cobertura privada, los
cuidadores simplemente llamaban a su seguro para pedir una ambulancia.
Los
pacientes del Sistema de Salud público dependían de la evaluación de
una red de 22 geriatras de enlace creada por la Comunidad de Madrid
durante la pandemia. Se encontraban en el 12 de Octubre, Alcorcón,
Clínico San Carlos, Cruz Roja, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe,
Gregorio Marañón, Infanta Cristina, Infanta Elena, Infanta Sofía,
Fundación Jiménez Díaz (privado con concierto público), La Paz, La
Princesa, Móstoles, Príncipe de Asturias, Puerta de Hierro, Ramón y
Cajal, Rey Juan Carlos, Severo Ochoa, Sureste y Villalba.
¿Sanidad sin apellidos?
Durante
el período aproximado de rechazos hospitalarios, desde el 8 de marzo y
hasta el 17 de abril, perdieron la vida en las residencias madrileñas 5.272 personas con covid-19 diagnosticado o síntomas.
Esto supone cerca del 90% de los 5.975 fallecidos por la enfermedad en esos centros hasta este martes.
Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias.
No
hay datos oficiales del número de mayores en residencias que fueron
atendidos por la red de hospitales privada durante el período crítico,
pero sí hay cifras disponibles que son un indicio de que los de más
renta sortearon más fácilmente el triaje.
Según datos de la Comunidad
del 25 de marzo, solo un 20% de los 102 fallecidos durante la pandemia
(21 personas) que vivían en las 25 residencias públicas del Gobierno
regional lo hicieron en un hospital.
Mientras, el 36% de los 301 muertos
que residían en geriátricos privados (108 personas) había sido
hospitalizado.
Esta diferencia de trato entre hospitales privados y
públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por
completo una “sanidad sin apellidos”, como la han llamado algunos.
La
sanidad privada, con 6.068 camas en Madrid, ha hecho un gran esfuerzo.
El 14 de abril había admitido a más de 1.250 pacientes derivados desde
la red pública de hospitales, según datos que dio el consejero Escudero.
Pero la intervención de Sanidad no consistió en imponer una
contribución a las empresas, sino que eran los propios hospitales
privados quienes proponían a diario a la consejería su cuota de camas
disponibles.
El grupo que coordinaba los traslados de la
red pública a la privada estaba integrado por 12 personas, dos de ellas
representantes de la privada, que a diario celebraban una
videoconferencia matutina, según el presidente de Hospitales Católicos
de Madrid.
Los hospitales privados daban su parte de camas disponibles,
siempre asegurándose de que quedaría espacio disponible para los
clientes de seguros privados. Sanitas tuvo sus índices de ocupación en
torno al 95% en los peores días.
Hospitales de la red católica como la
Clínica Santa Elena, que añadió unas 20 camas a sus 76 habituales,
estuvieron casi al límite. A veces Sanidad les enviaba de madrugada
autobuses cargados de pacientes enfermos.
“Nos llamaban
de la pública y les decíamos que podíamos darles 3, 4, 5, 7 camas, pero
siempre tenías que reservar espacio para el paciente que llegaba con
seguro”, dice Ortegón.
¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada
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