El
caso de Pérez de los Cobos no es peculiar, ni una excepción en la
Benemérita.
En los 176 años del cuerpo, las prácticas de torturas,
asesinatos y corruptelas han estado presentes.
Hace unos días era cesado del puesto de jefe de la comandancia de la
Guardia Diego Pérez de los Cobos, tras realizar su informe sobre el 8-M,
por el que se quiere imputar al delegado de Gobierno de Madrid, José
Manuel Franco, y a Fernando Simón.
Un documento lleno de bulos
desmentidos, medias verdades y tergiversaciones, como ya se ha aclarado
en la prensa.
Pero no es la primera vez que este hombre utiliza las
“cloacas del Estado” o se alía con la extrema derecha.
Participó en el 23-F y en las campañas por el “No” a la Constitución
en su pueblo natal, Yecla (Murcia).
Además, en 1992 fue acusado de
torturas junto con otros tres guardias civiles al miembro de ETA Kepa
Urra.
En 2017, fue el encargado de coordinar el operativo de Policía
Nacional y Guardia Civil durante el 1-O, la famosa “Operación Piolín”,
donde los antidisturbios se ensañaron con los votantes del referéndum
catalán.
Pero el caso de Pérez de los Cobos no es peculiar, ni una
excepción en la Benemérita.
En los 176 años del cuerpo, las prácticas de
torturas, asesinatos y corruptelas han estado presentes.
Los inicios de la Guardia Civil, contra el bandolerismo y los levantamientos progresistas
En los inicios del siglo XIX, uno de los grandes problemas en España era la debilidad de la estructura orgánica del Estado. Un país que había sufrido la Guerra de Independencia, estaba mermado completamente. No había una fuerza que asegurara el “orden público” a nivel nacional, una fuerza centralizada.
En la primera mitad de este siglo se intentó crear,
primero con la Milicia Nacional y después con la creación de la
Policía. Sin embargo, por intereses políticos (la Milicia Nacional era
un cuerpo de carácter liberal que no gustaba al absolutista Fernando
VII) estas primeras intentonas no triunfaron.
Sin embargo, el 28 de marzo de 1844, en los inicios del reinado de
Isabel II y tras salir de la Primera Guerra Carlista, se creó mediante
el Real Decreto un “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y
Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con
“la denominación de Guardias Civiles”.
A los efectos de organizar esta
nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo D. Francisco Javier Girón
y Ezpeleta, II Duque de Ahumada. El 1 de septiembre de ese año, 1.500
hombres a pie y unos 370 sobre caballos hacían acto de presencia en la
capital española, en las inmediaciones de Glorieta de Atocha.
Fue su
primera aparición pública delante del Gobierno de España.
En el propio Real Decreto se declaraba que los motivos de la creación
de este cuerpo eran “proteger eficazmente las personas y las
propiedades”. En ellos se produjo la desamortización de Mendizábal,
donde las tierras eclesiásticas fueron vendidas a propietarios
agrícolas.
La Guardia Civil se convirtió en un brazo protector de esa
nueva propiedad rural. Uno de los grandes “peligros” para esa propiedad
en esos momentos era el bandolerismo, con el que la Benemérita se
enfrentó durante toda esta época.
Su primer éxito contra el bandolerismo fue cuando, en julio de 1844,
detuvieron a cuatro miembros de la banda de los Botijas, que actuaba en
Despeñaperros. En 1846 detuvieron a 5.000 bandoleros.
También se
opusieron a los levantamientos progresistas contra el Gobierno.
El
general Nárvaez, viendo la eficacia de la Benemérita para sofocar
rebeliones, decidió que la capital contase con 4.000 agentes.
Sin embargo, con el paso de los años, el cuerpo sufrió el deterioro
de su imagen por parte de las clases populares. Un episodio clave había
sido el de la noche de San Daniel (el 10 de abril de 1865), cuando la
Veterana, la división urbana del cuerpo, respondió con contundencia a
unas protestas universitarias, con el trágico saldo de once muertos y
193 heridos.
“Este cuerpo ya no tiene prestigio: ya no tiene la
autoridad moral que antes tenía, y sus individuos son vistos hasta con
espanto, hacen miedo al verlos en las esquinas de las calles”, llegó a
declarar tras aquellos sucesos el líder progresista Juan Prim.
También reprimieron huelgas y rebeliones de los obreros. En 1883,
tras cuatro homicidios cometidos supuestamente por una sociedad secreta
anarquista llamada Mano Negra (de la que jamás se llegó a saber si
existía o no) en Jerez de la Frontera, se produjeron detenciones masivas
de militantes libertarios.
La Benemérita detuvo a más de 2.000 personas
en la provincia de Cádiz y seis fueron condenadas a muerte, sin que
estuviera claro que estuvieran implicadas ninguna en los hechos.
También participaron en la detención de anarquistas en Cataluña. En
1909, durante la Semana Trágica, una rebelión contra el reclutamiento
para la Guerra de Marruecos, la Guardia Civil participó en los
enfrentamientos contra los manifestantes. También durante la huelga
revolucionaria de 1917.
Durante los años de la II República, la
Benemérita participó en la represión de rebeliones campesinas y
anarquistas, siendo la más conocida la de Casasviejas, donde murieron
ocho personas disparadas y calcinadas en su casa.
La Benemérita en la represión franquista
Junto con la Falange, el Ejército, y después la Brigada Político Social y la Policía Armada, la Guardia Civil jugará un papel fundamental en la represión franquista, sobre todo en los primeros años de posguerra contra los guerrilleros que estaban en los montes.
En un principio, la Benemérita se encargaba de la detención de
sospechosos y al traslado de prisioneros. Pero participaron en torturas a
prisioneros, en fusilamientos y matando a detenidos aplicando la “ley
de fugas”.
El aparato del régimen permitió a fuerzas como la Guardia
Civil, que llevaran a cabo tácticas típicas de la guerra, como tácticas
de contrainsurgencia, en las que el acato de la legalidad y la
observancia de los procedimientos no era una prioridad. Se utilizó sobre
todo contra la guerrilla.
El 28 de noviembre de 1939 se publico una Orden por la cual se
dispuso que los miembros de la Guardia Civil debían estar disponibles y
de servicio permanentemente. Uno de los que dirigió las tareas de la
Benemérita fue el capitán Manuel Brabo Montero, que organizó en
Barcelona un comando dedicado a la “limpieza política” de la ciudad tras
su rendición.
Hasta las autoridades franquistas criticaron la
brutalidad de sus métodos. En el verano de 1941 fue mandado a Asturias
para que llevara a cabo sus métodos, dirigiendo la comandancia de Cangas
del Narcea primero y Rioseco (Sobrescobio) después, regresando a
Barcelona en diciembre de 1942.
Uno de los cuerpos especiales utilizados específicamente contra la
guerrilla en Asturias fue la conocida como Brigadilla, un cuerpo ex
profeso de la Benemérita, al que se le dio mayor autonomía a la hora de
actuar, no estaban obligados a utilizar uniforme durante los actos de
servicio, ni se atenían a protocolos a la hora de hacer registros, y
podían detener y afligir castigos sin reparar en el quién y en el cómo.
Este cuerpo especializado dependía del Servicio de Información de la
Guardia Civil. A lo que se dedicó normalmente fue a la infiltración en
los grupos guerrilleros.
El anteriormente citado Manuel Brabo Montero fue muy famoso por sus
métodos represivos. Como en el caso de Froilán Castro Suárez, vecino de
La Xagosa (Laviana), al que suspendió del techo, le asió las
extremidades y fue apaleado hasta perder el conocimiento, a lo que le
seguían duchas de agua fría a presión.
Lo mismo le paso a Pelayo
Martínez Fernández, un enlace de la Felguerina (Caso) que estuvo a
disposición de la Guardia Civil desde diciembre de 1942 hasta febrero de
1943, al que desnudaron, colgaron del techo y golpearon hasta que
perdió la conciencia.
También reprimieron con saña a las mujeres. Un caso muy grave fue el
de Amalia Bernaldo de Quirós, contado por la historiadora Claudia
Cabrero Blanco. De 68 años, labradora de Laviana, que fue detenida en
octubre de 1942, mientras cuidaba su ganado en el monte.
Cuatro
falangistas y un guardia civil le preguntaron por los “rojos”.
La
desnudaron y le pegaron hasta que su cuerpo quedó ennegrecido. Días
después, siete guardias civiles se presentaron en su casa y golpearon a
una de sus hijas y se marcharon llevándose víveres, obligando a la
familia a mendigar comida.
En 1963, el capitán de la Guardia Civil Fernando Caro Leiva,
trasladado desde Marruecos a Asturias a finales de los años 50,
participó, junto con otros miembros de la Benémerita, en las torturas y
rapada de pelo de las militantes comunistas Anita Sirgo y Tina Pérez,
por participar en los piquetes contra los esquiroles de las huelgas
mineras de ese año.
La Guardia Civil en Transición y Democracia: el "GAL verde", el caso Almería
Una de las imágenes icónicas de la Transición es la del coronel de la Guardia Civil Tejero entrando en el Congreso de los Diputados, el 23 de febrero de 1981, en la intentona golpista. Sin embargo, en ese año, el 11 de mayo, la Benemérita participó en el famoso caso Almería.
Ese día fueron arrestrados en Gergal (Almería) tres trabajadores que
vivían en Cantabria: Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas. El primero
de ellos era trabajador de FYESA y militante de CC OO y el PCE, el
segundo de ACERIASA y el tercero trabajador de FEVE. Los dos primeros
eran de Santander y el último de Pechina, de Almería.
Un hombre les
confundió en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha) con miembros de
ETA, que había atentado contra el jefe del Cuarto Militar del Rey,
general Joaquín Valenzuela. El capitán de la Guardia Civil en Almeria,
Castillo Quero, fue a por ellos sin pensarlo dos veces cuando pisaron
suelo almeriense.
Once guardias civiles les cogieron en la carretera de Gergal. Les
golpearon, les torturaron, les amordazaron y finalmente los calcinaron.
Incluso, su desfachatez fueron tan lejos que la gasolina con que los
quemaron, la compraron con el dinero que los asesinados llevaban encima.
Tirotearon el coche para disimular que aquello había sido un
enfrentamiento con supuestos terroristas.
Solo tres de los 11 agentes que participaron en los hechos fueron
condenados. Lo fueron por torturas y homicidio. En tres años, los
acusados ya disfrutaban del tercer grado, de días de libertad. Y
salieron a la calle antes de lo previsto.
En Euskadi, miembros de la Guardia Civil, desde los años 60 hasta la
actualidad, han sido acusados en muchas ocasiones por torturas. De
hecho, según un informe realizado por el Instituto de Criminología de la
Universidad del País Vasco, entre 1960 y 2014 se han denunciado 4.133
casos de malos tratos.
La Benemérita sería la culpable de 1.985 casos.
Uno de los torturadores más famosos en territorio vasco fue Enrique
Rodríguez Galindo, que desde el cuartel de la Guardia Civil de
Intxaurrondo, participó en los GAL, en la conocida rama “GAL verde”.
Fue
condenado a 71 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Lasa y
Zabala.
* Pablo Alcántara Pérez es historiador
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