La sentencia que los desaloja de la mansión gallega evita entrar en que
la operación inmobiliaria consumada en 1941 fue un gran expolio a los
españoles que la sufragaron para cedérsela al dictador, tal como
aseguran los historiadores
La Justicia española ha sentenciado que el pazo de Meirás debe ser devuelto a Patrimonio Nacional bajo el argumento de que el inmueble fue donado a Franco
en concepto de jefe del Estado, por lo que debe ser reintegrado a la
nación. Sin embargo, la jueza ha evitado tocar el quid de la cuestión
para no tener que entrar en el delicado trasfondo político, en el
siempre espinoso asunto de la justicia y la reparación de la memoria
histórica, en la verdad con mayúscula, a fin de cuentas. Está muy bien
que los Franco sean expropiados y que la finca sea devuelta a su
legítimo dueño, el Estado (ya era hora después de cuarenta años de
democracia).
Pero se echa en falta que la sentencia ponga las cosas en
su sitio y diga qué fue lo que ocurrió realmente con aquella lujosa
mansión. El Régimen franquista, en uno de sus habituales cínicos
montajes, trató de vender la operación inmobiliaria como una donación
altruista que los españoles hacían a su Excelentísima el Dictador en
agradecimiento por haberlos liberado de la amenaza comunista durante la
gloriosa cruzada nacional. Hoy ya se sabe que todo aquello no fue más
que un gran expolio, una extorsión, un tocomocho, ya que el casoplón se
pagó con el impuesto revolucionario fascista.
Lo del pazo de Meirás fue sencillamente un robo al pueblo que el
régimen franquista encubrió bajo el macabro eufemismo de “adquisición
por cuestación popular” a mayor gloria del tirano. Es decir, los
prebostes del Gobierno franquista, constituidos en la llamada Junta Pro Pazo del Caudillo,
pasaban la hucha entre los españolitos arruinados de posguerra y pobre
de aquel que se atreviera a negarse a contribuir a la nueva residencia
de su Ilustrísima porque le esperaba un bonito camastro en algún
apartado campo de trabajo de los muchos que salpicaban la geografía
nacional.
“En realidad el pazo lo costearon los funcionarios −a los que
se descontó de la nómina un día de paga−, los ayuntamientos coruñeses
con el 5 por ciento del impuesto de contribución y otras aportaciones
privadas de los vecinos de la zona.
De hecho, 819 familias de Carral
donaron alegremente 4.585 pesetas. A fin de cuentas, ¿quién era el
desagradecido que podía negarse a ese pequeño sacrificio por su Generalísimo sin temor a terminar en el campo de trabajos forzados de Cuelgamuros?”, ironiza el escritor Mariano Sánchez Soler en su libro La Familia Franco S.A.
Meirás se transmitió al dictador con falsos donativos, expropiaciones
forzosas y hasta un contrato simulado de 1941 por el que el general
compró la casa por 85.000 pesetas, según explica Sánchez Soler. Durante
años los nietísimos han disfrutado del producto de un gran saqueo, han
tratado de vender la finca por 8 millones de euros y la Fundación Francisco Franco
ha utilizado la casa para organizar visitas guiadas y hacer propaganda
política entre los visitantes y curiosos, a los que intoxica con el
reparto de panfletos sobre “el genocidio de los católicos españoles”. Ya
era hora que la democracia ajustara cuentas y pusiera al descubierto el
ultraje.
Entonces, si el tiempo y los historiadores ya han arrojado luz al
escabroso asunto, devolviendo la verdad al lugar que le corresponde,
¿por qué la sentencia no lo recoge así, sin tapujos y sin subterfugios
legales? ¿Por qué tiene que andarse la Justicia con rodeos para no
llamar a las cosas por su nombre, para no poner en negro sobre blanco
que lo de Meirás fue un atraco al pueblo en toda regla?
El pazo va a ser devuelto al Estado como no podía ser de otra manera,
pero no porque durante décadas fuese propiedad del jefe del Estado y
ahora tenga que quedarse en manos de Patrimonio Nacional, tal como
ordena la ley, sino pura y sencillamente porque fue el producto de un
gran expolio y una tremenda injusticia. Precisamente esa tibieza, ese
miedo reverencial a la figura del dictador que todavía hoy persiste en
el mundo de la judicatura es la que sigue dando aliento y oxígeno a los
herederos de Franco, que ya han anunciado un recurso contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.
Ayer mismo el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera,
aseguraba que a su juicio los Franco no tienen por qué abandonar el
inmueble mientras no recaiga una resolución judicial firme.
O sea que se
quedan de okupas, esa palabra que tanto le gusta a Santiago Abascal, el partido defensor de las esencias falangistas.
Parece que los herederos del dictador están dispuestos a
atrincherarse en el pazo mientras puedan y ni una sentencia judicial, ni
el peso de la historia, ni la verdad de los hechos que rodearon a este
triste y truculento suceso (uno más en la cruenta historia del
franquismo) van a convencerlos para que salgan por su propio pie y
voluntad de una mansión de veraneo de la que han disfrutado a placer,
durante décadas, sin tener derecho a ello.
Pero más allá de alegatos y
fundamentos jurídicos, si algo viene a demostrar la sentencia de la
jueza gallega es la jeta y el morro (por decirlo coloquialmente) que le
ha echado esta gente al asunto del pazo. La democracia española ha sido
tan generosa y tolerante con el clan franquista, les ha consentido
tantas cosas, que al final ha pasado por tonta y timada, cuando no como
encubridora o cómplice, de aquellos latrocinios, pillajes y otras
depredaciones que el Régimen practicó impunemente tanto en tiempos de
dictadura como ya en libertad.
https://diario16.com/los-herederos-de-los-franco-se-niegan…/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION