Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre: el PP hace negocios, el pueblo los sufre
Anulada por el Tribunal Supremo la venta que el Gobierno de Ignacio González llevó a cabo en 2013, Goldman Sachs dice que “seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos” hasta que el Gobierno de Ayuso, que se niega a aceptar su devolución, le pague una indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho”
El Tribunal Supremo rechazaba el pasado mes de marzo el recurso presentado por la Comunidad de Madrid –gobernada por Partido Popular y Ciudadanos y presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP)– contra la resolución de noviembre del pasado año 2019 que anuló la venta de 2.935 viviendas sociales a la sociedad Encasa Cibeles –participada por el fondo buitre estadounidense Goldman Sachs y el fondo buitre español Azora–, que el Gobierno del Partido Popular presidido por Ignacio González había llevado a cabo en 2013 por 201 millones de euros.
El Supremo confirmaba así la nulidad de la venta e instaba a Encasa Cibeles a devolver las viviendas a la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno de Ayuso se niega a aceptar la devolución, y el caso ha vuelto a los tribunales.
Encasa Cibeles pretende dar cumplimiento a la sentencia devolviendo a la Comunidad de Madrid las 1.722 viviendas que siguen en su poder –eso sí: previa indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho”–, pero el Gobierno de Ayuso se niega a aceptar la devolución, considerando que la sentencia sólo afecta a una de las 2.935 viviendas: la del vecino que denunció la venta en los tribunales.
Ante ello, el fondo buitre –que desde el pasado mes de marzo viene insistiendo, por escrito y sin éxito, a los organismos autonómicos competentes en la necesidad de buscar una solución para dar cumplimiento a la sentencia– ha acabado demandando civilmente al Gobierno de Ayuso y asegura que Encasa Cibeles “seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos” hasta que la Comunidad de Madrid cumpla la sentencia “en sus debidos términos”.
Las 2.935 viviendas fueron vendidas a Encasa Cibeles en 2013 por un gobierno del PP, el presidido por González –detenido el 18 de abril de 2017 en el marco de la operación Lezo, permaneció en prisión preventiva del 21 de abril al 8 de noviembre de 2017 y sigue a la espera de juicio–, y ahora otro gobierno del PP –en este caso de coalición con Cs–, el presidido por Ayuso, se niega a aceptar su devolución, alegando que aquella operación de venta de viviendas de un Gobierno autonómico a un fondo buitre, operación de venta de viviendas que un vecino denunció, sólo afecta a la vivienda de ese vecino, y no a las 2.934 restantes.
Tras la decisión que el Tribunal Supremo tomó el pasado mes de marzo, los moradores, agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), vienen pidiendo al Gobierno de Ayuso que no prolongue más el “sufrimiento” de miles de familias, que abra una mesa de negociación con los afectados y con Encasa Cibeles y que tenga “decencia” y se ponga de su lado y no del del fondo buitre “al que sus predecesores vendieron las viviendas a premio de saldo”.
Con la venta de las viviendas –1.380 ubicadas en Madrid capital, concretamente en los distritos de Carabanchel, Hortaleza, Tetuán y Villa de Vallecas; 332 en Majadahonda, 259 en Móstoles, 240 en Parla, 224 en Torrejón de Ardoz, 192 en Navalcarnero, 127 en Arroyomolinos, 80 en Valdemoro, 44 en Collado Villalba, 36 en Leganés y 21 en Tielmes–, la comunidad autónoma perdió un total de 2.935 viviendas sociales, viendo sus moradores drásticamente reducida la condición de servicio público de sus hogares.
Ahora, el fondo buitre quiere una indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho” y el Gobierno de Ayuso –del PP, como González– mira hacia otro lado.
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