Atrapados en la crisis. Así se encuentran miles de inmigrantes que quieren salir de España pero carecen de medios para ello. Los programas de retorno de inmigrantes a sus países de origen que puso en marcha el Gobierno están prácticamente paralizados por la falta de fondos pese a que las peticiones se intensifican.
La reducción de las partidas por los recortes ha provocado que el dinero que se destinó para este año se haya agotado en los primeros meses del ejercicio y muchas onegés han tenido que paralizar la recepción de solicitudes.
Aunque estas partidas se sufragan también con fondos europeos, el Gobierno socialista aplicó un considerable tijeretazo. Así, frente a los 7,36 millones que se destinaron para 2011, en este ejercicio la partida disponible se ha reducido casi a la mitad, 3,7 millones.
Los programas de retorno prestan ayuda tanto a inmigrantes sin recursos como a aquellos que capitalizan el paro para marcharse. La actual falta de dinero impide a los primeros costearse el viaje, mientras que los segundos tienen que destinar parte del dinero que han rescatado del seguro del desempleo para volver a sus país en busca de nuevas oportunidades. Cuando se trata de familias enteras, lo más fecuente, la carga se puede elevar de forma considerable.
De los tres programas en vigor, el denominado de Atención Social va dirigido tanto a legales como ilegales, a los que se costea el billete y se les proporcionan 50 euros para el viaje y 400 para reinstalarse al llegar a su país. Los otros están dirigidos a los que capitalizan el paro y sólo se les paga el pasaje. Durante los tres últimos años han salido de España 8.354 personas en situación de vulnerabilidad social y 15.265 de los que han capitalizado el paro.
Cruz Roja paralizó ya a principios de mayo el programa al agotárse los remanentes. La lista de espera superaba entonces el medio millar de personas.
Este año apenas han tramitado 859 solicitudes y, salvo que se amplíen los fondos, no podrán ayudar a retornar a nadie más. En 2011, la cifra de retornados a través de esta onegé fue de 2.325. El subdirector de Migraciones, José Javier Sánchez Espinosa, reconoce que existen "muchas peticiones" pero ya sólo pueden atender las más extremas, como el caso de enfermos, porque hay que utilizar recursos propios. En el resto de los casos, se intenta incluirles en programas como el de reparto de alimentos y de formación para que no dejen de buscar empleo en España. La mayoría de las solicitudes para salir de España provienen de familias hispanoamericanas, principalmente de Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina.
Desde que a mediados de 2009 se produjo un incremento considerable de las peticiones, la demanda no ha dejado de crecer. Durante los últimos meses, la falta de ayudas no ha logrado detener a aquellos que disponen de recursos y quieren huir del infierno de la crisis. "Muchas familias marchan pese a que no haya dinero para pagarles el viaje".
La otra gran asociación, la Organización Internacional de Migraciones (OIM), acumulaba a principios de mayo más de 1.300 solicitudes, según algunos medios.
ACCEM es una de las pocas asociaciones que dispone de recursos, en buena medida porque lo distribuyen a lo largo de todo el año. Sin embargo, reconocen que no podrán llegar a los 1.147 retornos que gestionaron en 2011 porque la partida, para este año se ha reducido a la mitad.
La situación se extiende también a las onegés más pequeñas. Desde la asociación Rumiñahui, vinculada especialmente a los inmigrantes de Ecuador, coinciden en que el número de personas que pide ayuda para el retorno va aumentando a medida que se agudiza la crisis, lo que en el caso de esta asociación ha provocado que la semana pasada se agotara el presupuesto asignado por el Ministerio para este año y ya tenga en lista de espera a unas 12 familias con un total de 36 personas.
Según su delegada en Valencia, Paulina Cardona, "la mayoría son personas con permiso de residencia que no tienen trabajo, se les ha acabado la prestación y no ven posibilidades de encontrar un empleo". Una esperanza que sí mantuvieron durante meses. "Han estado resistiendo con la prestación a ver si encontraban un trabajo, y ahora que se plantean volver ya no les queda paro o les queda muy poco", explica.
Mayores costes
Desde esta asociación se destaca que los recortes en las ayudas se agravan porque los costes de los billetes han aumentado.
La representante de Rumiñahui destaca que también son muchas las familias que envían a sus hijos porque, al no tener trabajo y no poder renovar los permisos, ya no pueden seguir estudiando en España. "Los estudiantes de ciclos formativos no pueden hacer prácticas y los de bachillerato pueden acabar, pero no les dan el título", afirma. Ante esto, muchos padres los envían de vuelta a casa de familiares en su país para que puedan seguir estudiando. En cuanto a los universitarios, los inmigrantes tienen el mismo problema que los españoles, según Paulina Cardona. "Acaban la carrera, están cualificados, pero no encuentran trabajo, así que están volviendo a pesar de tener todos los permisos", resume. En esta comunidad, las organizaciones que gestionan estas ayudas también están notando una disminución de recursos que afecta especialmente para atender las demandas de la comunidad latinoamericana.
La presión para salir proviene en Galicia de los brasileños que, con 10.000 residentes, es la segunda nacionalidad en importancia, por detrás de los portugueses. Pese a que la comunidad gallega fue una de las siete que ganó inmigrantes el pasado año, el país carioca logró que retornasen 739 de sus conciudadanos gracias a las oportunidades de empleo que ofrece el tener un Mundial de Fútbol y unas Olimpiadas en el horizonte de tan sólo cuatro años.
La falta de fondos también ha paralizado a los asociaciones catalanas de ayuda a los inmigrantes. El coordinador de la Fundación Cepaim Acción en Barcelona asegura que "hace un mes que se agotó la partida presupuestaria del Gobierno, así que ya no realizamos ese tipo de trabajo".
Desde esta onegé se asegura que sin la asesoría de este tipo de fundaciones, muchos inmigrantes que quieren salir de España no saben a que atenerse, ya que desconocen aspectos como que "los que tiene derecho al paro después de haber trabajado en España" pueden cobrarlo en dos veces "un 40 por ciento aquí en Cataluña y el restante 60 por ciento cuando lleguen a su país".
El presidente de la Cruz Roja de Málaga, Antonio Morales, critica que el Gobierno aplique recortes en los programas de atención a inmigrantes y de retorno voluntario, algo que considera "un disparate". En su opinión, "la política está para priorizar" y, por tanto, el Gobierno no debería recortar en Sanidad, Educación, ni en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.
Cruz Roja de Málaga, con más de 4.000 voluntarios dispuestos siempre a ayudar, lleva desde 2004 acogiendo en su Centro de Migraciones de la capital a refugiados y solicitantes de asilo, en colaboración con la Dirección General para la Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo.
Según datos de la Cruz Roja (actualizados hasta el 15 de mayo), en 2012 han viajado desde Málaga a sus países de origen 138 personas, de las cuales 131 han retornado voluntariamente por motivos de enfermedad, falta de documentación o no poder conseguir una inserción plena en nuestra sociedad.
En 2011 fueron 180 personas, de las cuales 140 se pudieron marchar gracias a la Cruz Roja, que recibió un total de 244 solicitudes personales. Los principales motivos del retorno de los inmigrantes son fundamentalmente laborales (dificultad en la búsqueda de trabajo sobre todo en la construcción y servicio doméstico).
En Zaragoza, han retornado 347 personas desde el año 2009 y 58 este año a través de la vía del Instituto Aragonés de Empleo. Principalmente, las personas que se han acogido a este programa son procedentes de países de la Unión Europea, sobre todo, rumanos y de edades jóvenes, aunque retornan "con el teléfono en la mano, esperando una oferta de trabajo para volver", según explica Beatriz Sanz, secretaria de Migraciones de UGT Aragón.
Reportaje elaborado por Rafael Daniel, Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Carlos Pizá, José María Camacho, Ruth Lodeiro, Eva Sereno y Jordi Sacristán.
La reducción de las partidas por los recortes ha provocado que el dinero que se destinó para este año se haya agotado en los primeros meses del ejercicio y muchas onegés han tenido que paralizar la recepción de solicitudes.
Aunque estas partidas se sufragan también con fondos europeos, el Gobierno socialista aplicó un considerable tijeretazo. Así, frente a los 7,36 millones que se destinaron para 2011, en este ejercicio la partida disponible se ha reducido casi a la mitad, 3,7 millones.
Los programas de retorno prestan ayuda tanto a inmigrantes sin recursos como a aquellos que capitalizan el paro para marcharse. La actual falta de dinero impide a los primeros costearse el viaje, mientras que los segundos tienen que destinar parte del dinero que han rescatado del seguro del desempleo para volver a sus país en busca de nuevas oportunidades. Cuando se trata de familias enteras, lo más fecuente, la carga se puede elevar de forma considerable.
De los tres programas en vigor, el denominado de Atención Social va dirigido tanto a legales como ilegales, a los que se costea el billete y se les proporcionan 50 euros para el viaje y 400 para reinstalarse al llegar a su país. Los otros están dirigidos a los que capitalizan el paro y sólo se les paga el pasaje. Durante los tres últimos años han salido de España 8.354 personas en situación de vulnerabilidad social y 15.265 de los que han capitalizado el paro.
Cruz Roja paralizó ya a principios de mayo el programa al agotárse los remanentes. La lista de espera superaba entonces el medio millar de personas.
Este año apenas han tramitado 859 solicitudes y, salvo que se amplíen los fondos, no podrán ayudar a retornar a nadie más. En 2011, la cifra de retornados a través de esta onegé fue de 2.325. El subdirector de Migraciones, José Javier Sánchez Espinosa, reconoce que existen "muchas peticiones" pero ya sólo pueden atender las más extremas, como el caso de enfermos, porque hay que utilizar recursos propios. En el resto de los casos, se intenta incluirles en programas como el de reparto de alimentos y de formación para que no dejen de buscar empleo en España. La mayoría de las solicitudes para salir de España provienen de familias hispanoamericanas, principalmente de Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina.
Desde que a mediados de 2009 se produjo un incremento considerable de las peticiones, la demanda no ha dejado de crecer. Durante los últimos meses, la falta de ayudas no ha logrado detener a aquellos que disponen de recursos y quieren huir del infierno de la crisis. "Muchas familias marchan pese a que no haya dinero para pagarles el viaje".
La otra gran asociación, la Organización Internacional de Migraciones (OIM), acumulaba a principios de mayo más de 1.300 solicitudes, según algunos medios.
ACCEM es una de las pocas asociaciones que dispone de recursos, en buena medida porque lo distribuyen a lo largo de todo el año. Sin embargo, reconocen que no podrán llegar a los 1.147 retornos que gestionaron en 2011 porque la partida, para este año se ha reducido a la mitad.
La situación se extiende también a las onegés más pequeñas. Desde la asociación Rumiñahui, vinculada especialmente a los inmigrantes de Ecuador, coinciden en que el número de personas que pide ayuda para el retorno va aumentando a medida que se agudiza la crisis, lo que en el caso de esta asociación ha provocado que la semana pasada se agotara el presupuesto asignado por el Ministerio para este año y ya tenga en lista de espera a unas 12 familias con un total de 36 personas.
Según su delegada en Valencia, Paulina Cardona, "la mayoría son personas con permiso de residencia que no tienen trabajo, se les ha acabado la prestación y no ven posibilidades de encontrar un empleo". Una esperanza que sí mantuvieron durante meses. "Han estado resistiendo con la prestación a ver si encontraban un trabajo, y ahora que se plantean volver ya no les queda paro o les queda muy poco", explica.
Mayores costes
Desde esta asociación se destaca que los recortes en las ayudas se agravan porque los costes de los billetes han aumentado.
La representante de Rumiñahui destaca que también son muchas las familias que envían a sus hijos porque, al no tener trabajo y no poder renovar los permisos, ya no pueden seguir estudiando en España. "Los estudiantes de ciclos formativos no pueden hacer prácticas y los de bachillerato pueden acabar, pero no les dan el título", afirma. Ante esto, muchos padres los envían de vuelta a casa de familiares en su país para que puedan seguir estudiando. En cuanto a los universitarios, los inmigrantes tienen el mismo problema que los españoles, según Paulina Cardona. "Acaban la carrera, están cualificados, pero no encuentran trabajo, así que están volviendo a pesar de tener todos los permisos", resume. En esta comunidad, las organizaciones que gestionan estas ayudas también están notando una disminución de recursos que afecta especialmente para atender las demandas de la comunidad latinoamericana.
La presión para salir proviene en Galicia de los brasileños que, con 10.000 residentes, es la segunda nacionalidad en importancia, por detrás de los portugueses. Pese a que la comunidad gallega fue una de las siete que ganó inmigrantes el pasado año, el país carioca logró que retornasen 739 de sus conciudadanos gracias a las oportunidades de empleo que ofrece el tener un Mundial de Fútbol y unas Olimpiadas en el horizonte de tan sólo cuatro años.
La falta de fondos también ha paralizado a los asociaciones catalanas de ayuda a los inmigrantes. El coordinador de la Fundación Cepaim Acción en Barcelona asegura que "hace un mes que se agotó la partida presupuestaria del Gobierno, así que ya no realizamos ese tipo de trabajo".
Desde esta onegé se asegura que sin la asesoría de este tipo de fundaciones, muchos inmigrantes que quieren salir de España no saben a que atenerse, ya que desconocen aspectos como que "los que tiene derecho al paro después de haber trabajado en España" pueden cobrarlo en dos veces "un 40 por ciento aquí en Cataluña y el restante 60 por ciento cuando lleguen a su país".
El presidente de la Cruz Roja de Málaga, Antonio Morales, critica que el Gobierno aplique recortes en los programas de atención a inmigrantes y de retorno voluntario, algo que considera "un disparate". En su opinión, "la política está para priorizar" y, por tanto, el Gobierno no debería recortar en Sanidad, Educación, ni en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.
Cruz Roja de Málaga, con más de 4.000 voluntarios dispuestos siempre a ayudar, lleva desde 2004 acogiendo en su Centro de Migraciones de la capital a refugiados y solicitantes de asilo, en colaboración con la Dirección General para la Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo.
Según datos de la Cruz Roja (actualizados hasta el 15 de mayo), en 2012 han viajado desde Málaga a sus países de origen 138 personas, de las cuales 131 han retornado voluntariamente por motivos de enfermedad, falta de documentación o no poder conseguir una inserción plena en nuestra sociedad.
En 2011 fueron 180 personas, de las cuales 140 se pudieron marchar gracias a la Cruz Roja, que recibió un total de 244 solicitudes personales. Los principales motivos del retorno de los inmigrantes son fundamentalmente laborales (dificultad en la búsqueda de trabajo sobre todo en la construcción y servicio doméstico).
En Zaragoza, han retornado 347 personas desde el año 2009 y 58 este año a través de la vía del Instituto Aragonés de Empleo. Principalmente, las personas que se han acogido a este programa son procedentes de países de la Unión Europea, sobre todo, rumanos y de edades jóvenes, aunque retornan "con el teléfono en la mano, esperando una oferta de trabajo para volver", según explica Beatriz Sanz, secretaria de Migraciones de UGT Aragón.
Reportaje elaborado por Rafael Daniel, Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Carlos Pizá, José María Camacho, Ruth Lodeiro, Eva Sereno y Jordi Sacristán.
Ecuatorianos afectados por la crisis en España se van a otros países europeos
Los ecuatorianos, que constituyen la cuarta comunidad más numerosa de extranjeros en España, se están trasladando a otros países europeos como el Reino Unido para escapar de la crisis, según la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).
"Un porcentaje de compatriotas no se queda con los brazos cruzados y está buscando solución a la crisis económica que se vive en España. Entre las alternativas está la decisión de migrar a otros países de Europa como Reino Unido".
El funcionario agregó que ante la movilización de los migrantes ecuatorianos, la cartera les brinda en España capacitación, como la enseñanza del idioma inglés.
"La Senami contribuye con capacitación gratuita en cursos de inglés y bolsa de empleo", manifestó el funcionario en un comunicado, en el cual recordó que los ecuatorianos han perdido sus viviendas por la crisis hipotecaria, el desempleo y la xenofobia en España.
Entretanto, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, señaló que se "están coordinando acciones con las embajadas para defender a los compatriotas que perdieron sus viviendas" en España, según el mismo comunicado.
Rivadeneira apuntó que el tema es un "problema de política pública" y señaló que se "analiza tomar medidas más drásticas como demandar a los bancos ante el tribunal de Estrasburgo" por el mecanismo de cobro de hipotecas.
En mayo pasado, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó una ley que prohibió que préstamos hipotecarios adquiridos por ecuatorianos en otras naciones puedan ser cobrados sobre bienes que posean en su país.
En 2008 estalló una burbuja inmobiliaria en España, lo que provocó un acelerado incremento del desempleo, que alcanza actualmente un 24,44% pero ronda en 35% entre los inmigrantes.
La crisis en España también ha motivado el retorno de ecuatorianos y desalentado la migración hacia esa nación.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará Quito el 24 y 25 de julio para dialogar sobre posibles soluciones a la crisis de las hipotecas que afecta a los emigrantes ecuatorianos, de acuerdo con su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño.
"Un porcentaje de compatriotas no se queda con los brazos cruzados y está buscando solución a la crisis económica que se vive en España. Entre las alternativas está la decisión de migrar a otros países de Europa como Reino Unido".
El funcionario agregó que ante la movilización de los migrantes ecuatorianos, la cartera les brinda en España capacitación, como la enseñanza del idioma inglés.
"La Senami contribuye con capacitación gratuita en cursos de inglés y bolsa de empleo", manifestó el funcionario en un comunicado, en el cual recordó que los ecuatorianos han perdido sus viviendas por la crisis hipotecaria, el desempleo y la xenofobia en España.
Entretanto, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, señaló que se "están coordinando acciones con las embajadas para defender a los compatriotas que perdieron sus viviendas" en España, según el mismo comunicado.
Rivadeneira apuntó que el tema es un "problema de política pública" y señaló que se "analiza tomar medidas más drásticas como demandar a los bancos ante el tribunal de Estrasburgo" por el mecanismo de cobro de hipotecas.
En mayo pasado, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó una ley que prohibió que préstamos hipotecarios adquiridos por ecuatorianos en otras naciones puedan ser cobrados sobre bienes que posean en su país.
En 2008 estalló una burbuja inmobiliaria en España, lo que provocó un acelerado incremento del desempleo, que alcanza actualmente un 24,44% pero ronda en 35% entre los inmigrantes.
La crisis en España también ha motivado el retorno de ecuatorianos y desalentado la migración hacia esa nación.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará Quito el 24 y 25 de julio para dialogar sobre posibles soluciones a la crisis de las hipotecas que afecta a los emigrantes ecuatorianos, de acuerdo con su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño.
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