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miércoles, 16 de octubre de 2013

Rajoy no aclara si acataría una eventual derogación de la doctrina 197/2006 por parte de Estrasburgo

           
 
 
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
 
 
   
Rajoy no aclara si acataría una eventual derogación de la doctrina 197/2006 por parte de Estrasburgo
   
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no ha aclarado si en caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo derogue la doctrina 197/2006 su Ejecutivo acataría la sentencia. Ha señalado que corresponde a los tribunales tomar una posición al respecto.
 
 
 

Rajoy ha respondido en el Pleno del Congreso español a una pregunta del diputado del PNV Aitor Esteban sobre si el jefe del Ejecutivo está pensando en «no acatar» la sentencia del TEDH si este deroga la denominada ‘doctrina Parot’.


En su respuesta, el líder del Gobierno español ha expresado su deseo de que Estrasburgo no invalide esta sentencia, al considerar que es «justa, correcta y necesaria» y ha sido «muy útil para luchar contra ETA».

Ha recalcado que la doctrina 197/2006 tiene el aval tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. «Mi Gobierno y yo estamos a favor de esta interpretación y pensamos que es justa porque distingue la situación entre quien ha sido condenado por un solo delito y quien lo ha sido por 23 o 25», ha señalado.

«Es una interpretación lógica, de sentido común y muy útil para luchar contra el terrorismo y otros crímenes», ha agregado Rajoy, quien ha rechazado «especular sobre la sentencia» porque, a su juicio, «no tiene sentido hablar de futuribles».

Rajoy, por tanto, no ha aclarado si acatará o no la decisión que llegue el próximo lunes desde Europa y se ha limitado a señalar que corresponde a los tribunales tomar una posición al respecto. «Serán los tribunales, como autores de esa doctrina los que tendrán que dar el cauce adecuado a las resoluciones» que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que el Gobierno español adoptará «aquellas posiciones que corresponda a la luz de la normativa aplicable y el interés general, respetando el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales sucritos por España».




 

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