El pasado 13 de julio de
2013 se publicó el RDL 9/2013 más conocido como la Reforma Eléctrica. El
objetivo de este decreto es atajar lo que se denomina Déficit Tarifario
y dar estabilidad al sistema eléctrico español y evitar una escalada de
precios en la tarifa eléctrica.
Sin embargo, bajo esos intereses
generales se esconde el mayor escándalo de la democracia española. El
real decreto no ataja las causas reales del Déficit Tarifario y por
contra es aprovechado para cargar contra las energías renovables y
afianzar el régimen monopolista del mercado eléctrico español.
Iberdrola ha escrito el RDL 9/2013
El primer punto a tratar es saber quien
ha auspiciado la reforma eléctrica. Curiosamente términos como “peaje de
respaldo”, “rentabilidad razonable de las energías renovables”,
“incremento necesario de los costes fijos del sistema”, términos que
aparecen como nuevos en la nueva Reforma Eléctrica, han sido acuñados
previamente por la Eléctrica Iberdrola.
En el video al que se accede por el
enlace “pinchar aquí” (la charla empieza a partir del minuto 30) se ve
una charla en la que el señor Gonzalo Sáez De La Miera, Responsable de
Prospección Regulatoria de Iberdrola Renovables, en el año 2012, un año
antes de la Reforma Eléctrica acuña los términos antes mencionados. Si
no fuera por la fecha en la que el Responsable de Iberdrola dio la
charla, en la Feria GENERA, se diría que está explicando la reforma
energética.
Una vez que ya sabemos cómo se auspició
la Reforma Eléctrica, y quién es el responsable de la misma, la compañía
Iberdrola, vamos a analizar cómo se llevó a cabo.
Las Eléctricas y el Gobierno Español actúan compinchadas.
La empresa Nuclenor, propiedad al 50%
entre ENDESA e Iberdrola lanzó a finales del año pasado un órdago al
gobierno español, proponiendo el cierre de la central nuclear de Garoña,
de la que posee el 100%.
Pero la climatología y las condiciones
económicas crearon una excusa perfecta para justificar la reforma
eléctrica. Un año de excepcional pluviometría y un oportuno Real Decreto
Ley, concretamente el RLD 2/2013, que obligó a la energía eólica a
cobrar la energía vertida a la red a tarifa eliminando la posibilidad de
acudir al mercado y cobrar una prima como se había hecho hasta
entonces, disparó el déficit de tarifa como nunca se había hecho antes.
Las compañías eléctricas en un año de
caída de la demanda limitaron las exportaciones a Francia y pusieron
toda la hidroeléctrica a trabajar. La demanda eléctrica en España se
cubrió con las fuentes nucleares y carbón, junto con eólica e
hidroeléctrica, cayendo el precio del mercado de la energía a mínimos
históricos, del orden de 18 €/MW·h.
El oportuno RLD 2/2013 que había entrado
en vigor el 1 de febrero, en plena campaña eólica (los meses de mayor
producción eólica en España coinciden con invierno y primavera) aumentó
en más de 1.000 MM € el dinero que recibieron las empresas eólicas
respecto a lo que debería haber recibido si hubieran seguido en el
sistema tradicional de cobrar precio de mercado más prima.
Con un precio de la energía en mínimos
históricos las primas recibidas por las centrales eólicas fueron
directamente a engordar el Déficit Tarifario, sirviendo en bandeja las
excusas para el RDL 9/2013, como se señala además en el propio decreto:
Estas desviaciones vienen motivadas por
el hecho de que en los primeros meses del año 2013 han acontecido unas
condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de pluviometría y las
condiciones de viento han sido muy superiores a las medias históricas.
Estas condiciones han provocado un doble
efecto. Por un lado, han ocasionado el hundimiento del precio del
mercado diario hasta un nivel mínimo de 18,17 €/MWh de media en el mes
de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros
meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19
€/MWh previstos para el conjunto del año. Por otro lado, se ha producido
un incremento de las horas de funcionamiento de determinadas
tecnologías, y en particular de la eólica con derecho a régimen primado.
Todo ello ha determinado una notable desviación al alza del sobrecoste
del régimen especial, como consecuencia de los menores precios del
mercado registrados.
En este párrafo se ignora los efectos
que sobre ese sobrecoste ha tenido el RDL 2/2013. Se puede concluir que
las eléctricas bajaron conscientemente el precio de la energía mediante
las centrales hidroeléctricas y el gobierno aumentó el Déficit Tarifario
mediante el RDL 2/2013
La reforma retroactiva
El RDL 9/2013, saltándose cualquier
legislación española y comunitaria, suspende el hasta entonces vigente
RD 661/2007, que regulaba en precio y en el tiempo las primas a recibir
las tecnologías acogidas al régimen especial de producción de energía
eléctrica. Esto es algo sin precedentes en el estado de derecho y la
comunidad europea, donde la seguridad jurídica es fundamental para la
estabilidad de los mercados. En la página 22862 de dicho decreto se
pueden consular los períodos de tiempo que aseguraba la percepción de la
prima para las diferentes categorías.
La retroactividad viene desde el momento
en el que se suspenden las primas que recibían las renovables, primas
que el RD 661/2007 garantizaba en el tiempo, lo que como consecuencia
directa tiene que los inversores que han apostado por las energías
renovables no podrán hacerse cargo de las deudas contraídas.
No debemos olvidar el hecho de que las
centrales que funcionan con energías renovables tienen unos costes de
operación y mantenimiento reducidos, por lo que el mayor coste viene
dado por los costes de amortización, y es de prever un apalancamiento
importante, o lo que es lo mismo, que se encuentran financiadas a largo
plazo.
Teniendo en cuenta que por ejemplo la
solar fotovoltaica comenzó en 2004 en España y tuvo su auge en 2008, y
que se trata de una tecnología con un período de amortización medio de
12 años, la inmensa mayoría de las centrales fotovoltaicas españolas no
están amortizadas y aún deben gran parte de los créditos bancarios, más
aún en un país donde la “amortización francesa” donde se pagan más
intereses inicialmente y se amortiza al final de la vida del crédito.
Aunque el gobierno habla de una
“rentabilidad razonable” del 7’5%, la realidad es que pretende implantar
un sistema de retribución fijo basado en el bono español a 10 años más
300 puntos básicos, y una revisión a 6 años, por lo que la
refinanciación, y a los tipos de interés actuales de la banca en España,
es inviable, tanto para el inversor como para la banca.
Es de prever que gran parte de las
inversiones renovables en España acaben en el Banco Malo o SAREB, del
que casualmente es Iberdrola uno de sus mayores accionistas. Se calcula
que pueden acabar en ese banco más de 30.000 MM €, y esas pérdidas las
asumirá el estado español de una u otra manera, aparte de dejar
arruinadas a más de 50.000 familias que han invertido en energías
renovables.
De donde viene el Déficit de Tarifa.
Se ha repetido hasta la saciedad de que
el Déficit de Tarifa viene por la imposición del gobierno de unas
tarifas eléctricas por debajo del coste eléctrico. Incluso su propio
nombre no indica lo contrario, se trata de un déficit o pérdida motivado
por la tarifa. Pero lo único cierto es que una mentira, por muchas
veces que se repita, incluso hasta la saciedad, no se acaba nunca
convirtiendo en una verdad.
La mentira se puede demostrar buscando
la respuesta a la pregunta de cómo es posible que las eléctricas tengan
unos beneficios tan elevados si están vendiendo su producto por debajo
de coste y adquiriendo unos apalancamientos tan importantes.
Efectivamente, no hay respuesta.
Y otra pregunta, ¿cómo es posible que el
Déficit de Tarifa se dispare cuando es totalmente previsible y acotado
el coste de la fotovoltaica en España, sobre todo desde que se limitan
las horas de sol gracias al RDL 4/2010? Nadie tiene la respuesta a esta
pregunta, debe ser un milagro de la matemática.
Partiendo de ese mito del origen del
Déficit de Tarifa, y analizando la factura eléctrica, tal y como hace
por ejemplo la calculadora de UNESA (Patronal eléctrica del sector) da
la sensación de que la culpa de ese sobrecoste lo tendrían las primas al
Régimen Especial.Pero nada más lejos de la realidad. En el sector
energético existen nombres muy comerciales para determinados términos o
elementos que no se corresponden con la realidad. Lo mismo que el Gas
Natural tiene un acertadísimo sobrenombre que da la sensación de que se
trata de una fuente de energía limpia e inagotable, prácticamente
renovable, cuando no es mas que un contaminante combustible fósil como
el propio petróleo, el Déficit Tarifario no corresponde su nombre con la
realidad.
El sistema eléctrico es un sistema
regulado, que tiene unos costes fijos y otros variables. Y al consumidor
se le cobra un término fijo en función de la potencia contratada y otro
variable en función de la energía consumida.
Pero a las eléctricas se les permitió
endeudarse con aval del estado por la diferencia entre los costes fijos
que declaraban y los ingresos provenientes del término fijo de la
factura eléctrica. Y en el sistema eléctrico es muy difícil separar los
costes fijos de los variables, ya que según se mire, la inmensa mayoría
de los costes son fijos, o variables.
Esta indefinición entre costes fijos y
variables permitió a las eléctricas engordar los costes fijos, mientras
obtenían beneficios extraordinarios del término variable gracias al
pool. Cualquier coste susceptible de ser fijo se financiaba con aval del
estado en el Déficit de Tarifa, y estos costes desaparecían del término
variable.
Y de donde mejor que trasladar a fijos
costes variables que de las centrales tradicionales como las nucleares,
las de carbón o las hidroeléctricas. Como el mercado eléctrico español
se basa en una subasta eléctrica y un precio de mercado calculado en esa
subasta eléctrica, cuando ese precio lo marca el gas, por ejemplo, a 55
€/MW·h, y los costes variables declarados de las centrales de carbón o
nucleares varían entre los 15 y los 25 €/MW·h los beneficios en ese
tramo para las eléctricas son enormes.
Y si además, los costes adelgazados de
este tipo de centrales, más las amortizaciones de la burrada que se ha
hecho en ciclos combinados. van a los costes fijos, y estos no se cubren
con la factura del término de potencia, las eléctricas sin ningún pudor
lo financian con el Déficit de Tarifa, un crédito a todos los efectos
por el que responde el estado español, y sobre el que no hay ninguna
auditoría realizada.
En un sistema honrado, los
extraordinarios beneficios obtenidos por el sistema de producción
energética deberían cubrir los sobrecostes del sistema y tapar el
Déficit de Tarifa, pero al parecer éste es un sistema corrupto donde se
permite la trampa.
Es necesario realizar una auditoría del
Déficit de Tarifa, para saber realmente qué gastos han imputado las
eléctricas a este apartado y ver que parte del mismo les es exigible, y
prevenirlo a futuro trasladando los beneficios obtenidos en producción a
cubrir las pérdidas en distribución.
El Déficit de Tarifa en manos de las eléctricas
El tema del Déficit de Tarifa es como
poner a la zorra a cuidar las gallinas. Son las eléctricas las que
deciden cuales son los costes fijos de sus sistemas y cual es la
cantidad que asignarán a este menester.
A esto hay que sumar la contabilidad
ficticia proveniente de la burbuja inmobiliaria donde se realizaron
miles de urbanizaciones en España encargándose de pagar la
infraestructura eléctrica el promotor y que luego cedía gratuitamente a
la compañía eléctrica, compañía que debía dar un valor contable a esas
instalaciones, cuya amortización va directamente a engordar los gastos
fijos del sistema y al Déficit de Tarifa.
Si a estos costes sumamos los costes de
Operación y Mantenimiento de residuos nucleares o de operación de
centrales hidroeléctricas paradas o de las reversibles que bombean por
la noche, amén de las primas del carbón, que también van a la parte fija
de los costes del sistema, nos encontramos que bien gestionadas las
centrales de producción, con paradas técnicas oportunas o metiendo más o
menos hidroeléctrica en el sistema son capaces de controlar el precio
del pool o subasta eléctrica, sustituyendo energía proveniente de la
hidroeléctrica (cuyos costes van en su mayor parte al Déficit de Tarifa)
por gas (que sube el precio del pool, por el alto coste de la materia
prima, el gas natural).
Y las eléctricas manejando
convenientemente estos parámetros (tienen las herramientas para ello)
son capaces de generar pérdidas al sistema (acumuladas en el Déficit de
Tarifa) a la vez que aumentan considerablemente sus beneficios (gracias
al pool).
¿Por qué las eléctricas tienen entonces esos beneficios desproporcionados?
Analizando la situación podría parecer
que las eléctricas españolas estarían en una posición de debilidad
importante, al tener que endeudarse para poder cubrir sus costes fijos, y
con unos costes variables que tienen que además repartir en un mercado
muy competitivo, el de la comercialización.
Pero en cambio, los beneficios
presentados por las eléctricas son extremadamente altos. Eso se debe a
la estructura del pool o subasta eléctrica. En esta subasta el precio de
la energía en origen lo marca el punto en el que se unen las curvas de
oferta y demanda.
Las eléctricas juegan con el gas para
subir el precio de la energía (salvo como hemos visto este año, que han
puesto a trabajar al 100% la energía hidroeléctrica, más barata porque
está amortizada y los costes fijos se trasladan al Déficit de Tarifa) y
todas las tecnologías que entran en el mercado venden la energía al
precio más caro, el que une las curvas de oferta y demanda.
Así pues, la energía nuclear, con un
coste subvencionado de 15 €/MW·h o la del carbón, a unos 25 €/MW·h
reciben, cuando el gas marca el precio del pool, alrededor de 55 €/MW·h,
márgenes comerciales superiores al 100%, incluso por encima del 350% en
el caso de las nucleares. De ahí reciben los impresionantes beneficios
las eléctricas.
Los márgenes se reducen en el campo de
la distribución, que reciben únicamente los costes fijos de la factura
eléctrica, que cubren sus costes. Aunque aún hay muchas empresas
distribuidoras en este país, la mayor parte del mercado lo copan 4,
Iberdrola, Unión Fenosa, E.On y EDP, siendo estas dos últimas las
antiguas ENDESA e Hidrocantábrico.
Y donde el mercado es muy competitivo es
en la comercialización. Aunque las cuatro grandes tienen la exclusiva
del mercado TUR (Tarifa de Último Recurso) al que se acogen la inmensa
mayoría de los consumidores domésticos, y de donde provendría realmente
el Déficit de Tarifa.
Es aquí donde se genera otra parte del
Déficit de Tarifa, ya que los costes variables de la energía son
superiores a lo que se legisla en la TUR. Es por los costes de
distribución y de la TUR por lo que se permite a las eléctricas
endeudarse mediante el Déficit de Tarifa, pero los beneficios enormes
vienen dados por el mercado de producción en origen.
El injusto castigo a las renovables
El sistema eléctrico necesita realizar
grandes inversiones y la recuperación de esas inversiones se realiza
entre 10 y 20 años, en centrales que tienen una vida media variable que
va desde los 20 años en el caso de la eólica hasta más de 100 en el de
la hidroeléctrica.
El Real Decreto Ley 9/2013 y la
propaganda gubernamental dice que el Déficit de Tarifa es un problema
excepcional de estado (aunque ya hemos señalado que es un problema que
sería necesario auditar y reestructurar) y que es necesario repartir
este problema proporcionalmente entre todos los actores.
Y redistribuye ese problema
introduciendo el término “rentabilidad razonable” para las renovables
(término que como se ha visto en el video arriba colgado ya lo anunció
el señor Saez de la Miera de forma premonitoria un año antes) ajustando
su rentabilidad a la que ofrecen las fuentes convencionales.Pero
volviendo a la realidad, ya hemos dicho que todo el sistema eléctrico
precisa de fuertes inversiones y que su recuperación es a medio plazo,
entre 10 y 20 años, por lo que generalmente todas las fuentes de
producción de energía tienen un fuerte apalancamiento (generalmente del
80 al 100% sobre el capital necesario para construir las centrales), un
problema típico de todo el sector, y la recuperación de esos créditos
viene a ser de entre 10 y 20 años.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el
sistema ordinario español tiene un parque antiguo, ya que las centrales
de carbón, hidroeléctricas y nucleares tienen de media más de 40 años,
mientras que las renovables se desarrollaron principalmente a partir de
2006, con una media de edad de apenas 6 años, se puede concluir que el
apalancamiento de las primeras es prácticamente nulo mientras que el de
las segundas es muy alto, agravado además por el tradicional método
francés de cuotas iguales que utiliza la banca para la financiación, que
amortiza poco al inicio y más al final.
El concepto de rentabilidad razonable en
realidad esconde dos trampas. La primera, que se pretende una
rentabilidad basada en el bono español a 10 años más 300 puntos básicos,
y eso supone el 7’5% ahora. En un horizonte de mejora económica
(desgraciadamente no previsible) esa rentabilidad se estabilizaría en el
5%.
Y la segunda trampa, es que esta
rentabilidad se revisaría dentro de 6 años, lo cual impide una
estabilidad en los ingresos, en unas centrales de fuerte apalancamiento.
Estas dos trampas impiden incluso una
refinanciación de las centrales de régimen especial, ya que no podrían
hacerse cargo de sus obligaciones ni a los tipos de interés actuales de
la banca, ni es posible una amortización a 6 años.
Esto hará que gran parte de la inversión
en renovables del país se desmantele, dejando una importante deuda a la
banca, que recuperará a través del Banco Malo o SAREB, del que por
cierto, uno de sus principales accionistas es precisamente Iberdrola.
La parte que toca a las comercializadoras
El negocio de la comercialización de la
energía en España es de alto riesgo. Las empresas comercializadoras
compran la energía en el mercado libre y lo venden directamente a los
consumidores. En muchos casos les cobran a estos consumidores el término
de potencia, para pagar a las distribuidoras.
El riesgo de estas empresas es que con
un margen reducido por la alta competitividad deben hacerse cargo de un
apalancamiento financiero importante, ya que ellas deben adelantar la
compra de la energía y facturan a fin de mes, cobrando en muchos casos
en los primeros 10 días del mes siguiente.
En un sistema como el planteado de
reducción de los precios de la energía consecuentemente se reducen los
márgenes comerciales, manteniéndose los costes fijos financieros y
apareciendo un riesgo añadido, que es el de la variabilidad del precio
en origen de la energía al aumentar la dependencia del gas y su
volatilidad de precios.
La regulación de la autoproducción
Tecnologías como la fotovoltaica, la
eólica o la cogeneración han alcanzado la paridad en costes con la red.
El futuro de las redes eléctricas será un futuro descentralizado, donde
la generación se realice en el propio lugar de consumo, donde el
apalancamiento financiero del sistema se traslade a los autoproductores,
cobrando cada vez más importancia los costes variables del sistema y
logrando penetraciones importantes de fuentes renovables en el sistema.
Este futuro permitirá la reducción de
las grandes líneas de transporte, líneas además que se gestionarán cada
vez por energía de origen eólico junto con sistemas de ciclos combinados
que se irán sustituyendo por centrales de biomasa, en un futuro
tendente a reducir la dependencia externa de hidrocarburos, un futuro
donde además el coche eléctrico cobrará una alta importancia respecto a
los que consumen gasolinas.
Sin embargo, el borrador de Decreto de
Autoconsumo introduce términos como “peaje de respaldo”, acuñado
premonitoriamente por el señor Sáez de la Miera en su magistral charla
de 2012, peaje que deberán pagar los autoproductores a las compañías
distribuidoras, exigiéndoles para poder ser rentables a estas
tecnologías rentabilidades similares a las de las contaminantes
centrales de ciclo combinado.
Y el perverso decreto no sólo cobra la
energía producida, sino que además la energía producida (y cobrada por
la distribuidora) que se vierta a la red, no tendrá ningún tipo de
retribución, por lo que esa energía ya cobrada por la distribuidora
podrá ser vendida de nuevo a precio de mercado en el pool por las
distribuidoras.
Y por si no fueran pocos los palos
puestos por ese decreto en la rueda del progreso, hay que sumar otras
lindezas como la obligatoriedad de hacer telemedida (cuyos gastos
obviamente paga el productor) y ceñirse a las normas de la compañía
eléctrica sin que estas tengas que ser previamente aprobadas por el
departamento de industria de la comunidad autónoma correspondiente.
Por tanto, este Decreto elimina la posibilidad de que nadie se acoja a esa modalidad de autoconsumo.
Y además, aparecen regulaciones
absurdas, como el impedir conectar sistemas de almacenamiento a la red
eléctrica como señala el RD 1699/2011. ¿Cómo pueden limar los términos
de potencia los usuarios de esa manera? Hay que señalar que cuando la
potencia contratada es variable, se pagará todo el mes por la mayor
potencia usada de la red ese mes, aunque sea puntual, en vez de por
medias ponderadas, y el mencionado decreto no permite la generación
asistida almacenando en baterías u otro sistema para limar esas
sobrepotencias, y el Decreto de Autoconsumo obligaría a pagar el Peaje
de Respaldo en caso de usar otros sistemas como generadores de gas.
La actuación hacia el monopolio
La eliminación de las primas a las
renovables va a limitar su desarrollo y va a convertir en un coste fijo
lo que antes era variable. La retribución razonable no es otra cosa que
eliminar gran parte de la competencia en eólica y adquirir a bajo precio
lo más interesante de la fotovoltaica. El hablar de retribución fija,
por la inversión realizada no es otra cosa que convertir estas fuentes
de energía en un coste fijo.
Por tanto, se reduce el coste de las
renovables, cuyas primas desaparecen y se reducen. Y al aumentar el
término de potencia se abarata considerablemente el término de energía.
El término de potencia va a engordar a las empresas distribuidoras, que
en su día tuvieron gran apalancamiento, pero que en la actualidad tienen
instalaciones ya amortizadas, y a REE, que necesitará invertir ya que
el nuevo planteamiento eléctrico vuelve a sistemas centralizados de
energía.
Además, la introducción del término
“peaje de respaldo” en la legislación de la autoproducción energética
para autoconsumo limita la actividad de este tipo de instalaciones,
desde el momento que esos peajes son exorbitados (más del 50% del coste
de producción en la mayor parte de las tecnologías) y aparecen unos
costes fijos (necesidad de telemedida tanto en producción como en
compra) y por último, los excedentes se regalan a la compañía
distribuidora.
Así pues, se crea un sistema
monopolístico en producción (nuclear, carbón, hidroeléctrica y gas
principalmente), en distribución (que es la que acaparará gran parte de
la factura eléctrica) y se limita el mercado de comercialización, por
los estrechos márgenes que obtendrán las empresas comercializadoras, que
unido al alto costo financiero y a la variabilidad del precio de la
energía por culpa de las centrales de ciclo combinado y que centra el
precio de la energía en origen y limita el precio de venta de la energía
al consumidor final, hace que las comercializadoras tengan un
crecimiento muy limitado y de alto riesgo.
¿Quiénes pagarán la reforma eléctrica?
La reforma eléctrica, planificada por Iberdrola, camina hacia un sistema anticuado, monopolístico, caro e insostenible.
Aumentará el precio global de la
energía, con lo que la competitividad de las empresas españolas volverá a
disminuir, disminuyendo por tanto los ingresos del estado por impuestos
tanto directos (de las empresas) como indirectos (de los trabajadores
que verán reducidos sus salarios)
La quiebra de gran parte de las empresas
fotovoltaicas y parte de las eólicas creará un nuevo problema a las
entidades financieras, que necesitarán una nueva inyección económica,
estimada en unos 30.000 MM €, que tendrán que provenir de deuda pública y
de ayudas de la CE.
Y los consumidores, que sufrirán un aumento desproporcionado de la factura eléctrica.
Pero no sólo eso. Cualquier actuación en
eficiencia energética es inútil, ya que la rentabilidad de estas
actuaciones se limita. Las empresas instaladoras verán disminuidas sus
posibilidades de actuación, por la limitación del autoconsumo. Se
perderá tecnología, puestos de trabajo y riqueza.
Las afecciones internacionales
Pero esto no sólo afectará al sufrido
pueblo español. Los inversores europeos verán peligrar sus inversiones, y
las empresas que han invertido en España, grandes multinacionales,
verán limitados sus beneficios cuando no se encuentren con pérdidas por
el aumento de los costes de explotación y la disminución del mercado
interno.
Aquellos europeos que hayan adquirido
una segunda vivienda en España para su descanso, se encontrarán con una
factura de la luz exorbitadamente alta incluso en los meses que no usan
la vivienda.
Las empresas españolas tendrán
limitaciones a la hora de abordar nuevos mercados ya que les será muy
complicado reducir la huella de CO2 de sus productos, empresas en muchos
casos pertenecientes en su accionariado a inversores europeos.
Y lo que es más importante, Europa no
puede permitir que en uno de sus estados miembros se hagan leyes con
efectos retroactivos que crean inseguridad a los inversores, no solo en
España, sino en toda la zona euro, o que otorguen predominancia de
mercado a empresas monopolísticas que luego venden sus productos en
otros países con ventaja, y Europa no puede permitirse el lujo de perder
el mercado español.
Es más, las empresas implicadas en este
escándalo actúan a nivel internacional. Iberdrola, E.On, EDP y Fenosa
están presentes en los mercados europeos. La trampa del sistema
eléctrico español les permite realizar prácticas de dumping en otros
países adquiriendo posiciones de privilegio en esos mercados frente a
empresas locales.
Y además, ¿Quién dice que lo que han hecho en España no lo pueden realizar en otros países europeos?
Los otros problemas de la reforma eléctrica
El apostar por un sistema de los años
50, basado en la producción centralizada de energía, en el siglo XXI
trae consigo una serie de problemas importantes, que a medio y largo
plazo se pagarán muy caros en España:
- Es preciso el desarrollo de líneas de
transporte y grandes subestaciones para alimentar núcleos energéticos
aislados, limitando el crecimiento de las zonas rurales y de las redes
de distribución.
- El acceso energético a las grandes
ciudades precisa de infraestructuras eléctricas importantes por zonas
urbanas, con el consiguiente riesgo para la salud.
- El aumento del consumo por la no incentivación del ahorro energético aumentará la dependencia externa de hidrocarburos.
- El modelo frena el desarrollo del
vehículo eléctrico, de las energías renovables y del desarrollo
tecnológico, limitando el crecimiento económico español en sectores
considerados claves a nivel mundial.
- La competitividad de las empresas se
ve limitada por los altos costes energéticos y la destrucción del
mercado interno provocado por un sector clave para la economía del país.
- El aumento de la ineficiencia
energética fomenta el despilfarro e incumple compromisos
internacionales, tanto españoles como europeos referentes a la reducción
de emisiones.
La situación de indefensión del pueblo español
Que Felipe González o José María Aznar,
dos ex-presidentes españoles cada uno de uno de los partidos
predominantes trabajen como asesores en Gas Natural o Endesa son tan
sólo dos ejemplos de lo que se puede esperar del gobierno.
La
profunda desinformación sobre el sector, las mentiras reiteradas y la
criminalización de la competencia por parte de las empresas
predominantes durante los últimos años, así como una enrevesada e
irreproducible legislación al respecto hacen muy complicada la defensa
de un sector limpio.
En un país donde no existe siquiera una
ley de transparencia para los políticos, por contra existe un Decreto
incriminatorio de la energía solar fotovoltaica que obligó a la Comisión
Nacional de la Energía a auditar todas y cada una de las centrales
instaladas en España, sancionando a muchas de ellas no por
irregularidades técnicas, sino por defectos de forma en la documentación
presentada.
La quiebra del sistema eléctrico español
no viene por las primas a las renovables, sino por una serie de
problemas regulatorios, que además no ataja la reforma eléctrica
- Permite a las eléctricas asignar
libremente cuales de sus costes van a costes fijos y cuales a variables,
siendo los fijos no cubiertos los que se financian a través del Déficit
de Tarifa por medio de créditos de la banca por los que responde el
estado.
- El sistema de subasta eléctrica o pool
permite a las eléctricas controlar el precio de la energía y generar
beneficios muy altos en producción.
- En los últimos 10 años ha aumentado
desproporcionadamente la potencia instalada en ciclos combinados de gas,
hasta alcanzar los 25 GW de potencia, el 50% de la potencia demandada
por el sistema. Estas centrales están trabajando al 25%, pero los costes
de amortización los trasladan las eléctricas al Déficit de Tarifa.
- Se ha producido una reducción drástica
de la demanda eléctrica, sobre todo de grandes consumidores, por el
alto precio de la energía.
Mediante la Reforma Eléctrica además:
- Al aumentar el término de energía y
prohibirse de facto los sistemas de autoproducción energética se aumenta
el despilfarro energético.
- Se frena el desarrollo del los sistemas basados en generación distribuida por lo que se pierde competitividad.
- Se aumenta la dependencia del gas por la desaparición paulatina de las renovables, debido a que aún no están amortizadas.
- La mayor penetración del gas aumentará
el precio del término de energía a corto plazo, por lo que no sólo no
se atajará el problema de la carestía de la energía, sino que aún
aumentará más, al aumentar los costes para el consumidor, tanto del
término de potencia como del término de energía, aumentando además los
beneficios para las eléctricas al aumentar este precio en el pool.
Y lo peor de todo es que ninguno de los
afectados, productores de renovables, consumidores, comercializadoras o
sociedad en general, encuentra un apoyo político, ya que los principales
partidos políticos trabajan en la misma dirección, como se puede
comprobar en por todos los decretos publicados y enlazados en este
artículo.
Resumen
El sistema eléctrico español se basa en
una subasta eléctrica que marca el precio de la energía y una diferencia
entre los costes fijos del sistema y lo que se cobra a los consumidores
como término de potencia que se financia mediante créditos adquiridos
por las eléctricas con aval del estado que se conoce como Déficit de
Tarifa.
Las eléctricas manipulan el pool para
aumentar el precio de la energía y trasladan costes de su sistema de
producción a los costes fijos, con lo que bajan los costes de
producción. Como venden la energía al precio del pool, que lo marca el
gas, los márgenes comerciales son muy altos.
La manipulación del pool lo realizan
generalmente a través de las hidroeléctricas, manteniéndolas paradas, y
con la venta a terceros países, vendiendo excedentes baratos a esos
países, sobre todo Francia. El aumentar la demanda y disminuir la
producción obliga a hacer entrar al gas de los ciclos combinados, que
son más caros.
La maximización de los beneficios en
producción se aumenta trasladando costes a los costes fijos del sistema.
Los costes fijos que no se cubren con el término de potencia que se
cobra a los consumidores va a parar al Déficit de Tarifa, que al fin y
al cabo es un crédito que se les regala a las eléctricas y que paga el
estado.
Al caer la demanda, la estafa se hace
insostenible, porque ya no puede entrar el gas de los ciclos combinados y
cae el precio de la energía. Además, la inversión desmesurada en ciclos
combinados, 25.000 MW en los últimos 10 años, el 50% de la demanda
total del sistema, hace que se disparen los costes fijos por lo que las
eléctricas no ganan dinero y se dispara el Déficit de Tarifa.
El RDL 9/2013 lo que hace es disminuir
las primas de las renovables, por lo que se disminuye su aportación al
sistema, pudiendo entrar más gas, y por tanto aumentar el precio del
pool y mantener los beneficios de las eléctricas.
Al aumentar el término fijo de potencia
se busca terminar con el Déficit de Tarifa, no por reducción de los
costes fijos (los únicos que se eliminan son las primas del régimen
especial) sino por aumentar el precio de la energía.
La trampa está en que se mantiene la
oligarquía eléctrica en producción, se mantiene un sistema que
proporciona beneficios extraordinarios a las eléctricas, se elimina la
competencia de las renovables y se facilitan más herramientas de control
del precio del pool, dejando además la gestión del término variable o
de energía en manos del gas, incontrolable en precios y que además, su
venta está vinculada a las eléctricas.
Se admiten los costes fijos del sistema
que se pagarán en exclusiva a las distribuidoras, que mantienen su
estatus de preponderancia en el mercado.
Se elimina totalmente la competencia en
producción, tanto en ya instalada como en posible nueva instalación y se
otorga una ventaja importante frente al resto de empresas en el ámbito
de la comercialización de la energía.
¿Se acaba con el Déficit Tarifario? No, se traslada al consumidor.
¿Se controla el precio de la energía? No, aumenta el término de potencia y se deja el término de energía en manos del gas.
¿Se estabiliza el sistema? No, se fomenta la ineficiencia energética, el derroche y la dependencia externa.
¿Se moderniza el sistema? No, se tiende a sistemas caducos de producción centralizada y se elimina la producción renovable.
¿Alguien realmente gana con esta reforma? Claramente las 4 eléctricas principales.
¿Hay un reparto equitativo del problema como preconiza el Gobierno? No, pagan los inversores en renovables y los consumidores.
Conclusiones
- La reforma eléctrica no va a abaratar
la energía eléctrica. Únicamente va a mantener el sistema actual de
obtención de beneficios exorbitados en el pool por parte de las grandes
eléctricas, trasladando los costes del sistema al consumidor a través de
una especie de tarifa plana eléctrica, donde el término fijo o de
potencia va a suponer la mayor parte de la tarifa.
- Se va a acabar con la energía
renovables pasada y futura en el país al retirar las primas que la
mantenían y limitar la rentabilidad de los sistemas de autoproducción.
- Se va a producir una quiebra de
pequeños productores que afectará directamente a la banca por el
desmantelamiento de la fotovoltaica, por un valor estimado de más de
30.000 MM de €.
- Se crea indefensión e inseguridad en
las inversiones, al promulgarse leyes con efectos retroactivos. ¿Alguien
se atreve a invertir en España en estas condiciones?
- La reforma va a afectar muy
negativamente a la ya maltrecha economía española y a eso que llaman
Marca España, y va a generar más desconfianza en Europa, y sobre todo,
miedo por la situación económica precaria que va a generar.
- Esta actuación de dumping de las
eléctricas que actúan en España tarde o temprano va a suponer sanciones a
estas empresas en otros países europeos.
- Aumentará la dependencia del petróleo al apostar por sistemas energéticos caducos basados en combustibles fósiles.
- Frenará el desarrollo tecnológico en
España del coche eléctrico, de las energías renovables y del desarrollo
tecnológico, sectores claves de cara al futuro.
- Caerá la demanda eléctrica porque
pararán otra vez los grandes consumidores, volviendo a hacer
insostenible el sistema, a pesar de que el sistema fomenta el derroche
energético en vez de el ahorro.
Sabemos que el Gobierno Español no va a
retirar esta reforma, pero también es necesario que se sepa la verdad,
que se sepa exactamente qué está pasando, porqué se hace, y difundir
esta gran estafa a nivel internacional. Es necesario que la Comisión
Europea, además de hacer recomendaciones sobre reformas laborales y
reducción de déficit, investigue esta gran estafa, y que si estamos
realmente integrados en Europa, que se impongan las sanciones
correspondientes amén de exigir su inmediata retirada.
Fuente: Economiazero
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