Los 400 millones de aval que obtuvo Sacyr para la obra de Panamá son de dinero público

2009:

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ha prestado a Sacyr Vallehermoso el aval que, por importe de 400 millones de dólares, estaba obligada a presentar como fianza definitiva para garantizar la correcta ejecución de las obras del tercer juego de exclusas del Canal de Panamá, que el pasado miércoles 8 de julio la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adjudicó al “Grupo Unidos por el Canal”, liderado por Sacyr (40%), y en el que también figuran la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A., (CUSA).

Lo relevante es que tanto el grupo liderado por ACS como el de Corporación Bechtel, al que muchos daban inicialmente como favorito, han presentado como garantía ante la ACP los balances auditados de sus respectivas sociedades matrices, sin necesidad de recurrir a aval de ningún organismo de mayoría pública tipo CESCE o similares. Fuentes del sector han asegurado que “Sacyr se ha visto obligada a recurrir a CESCE forzada por la situación de sus ratios de endeudamiento y solvencia”.

Los licitantes estaban obligados a presentar una fianza provisional al inicio del proceso de selección por importe de 50 millones de dólares, fianza que la ACP exigía fuera prestada por una de cinco aseguradoras cotizadas en Wall Street (Travelers, Zurich, AIG, Liberty y Chubb). Para la fianza definitiva de 400 millones de dólares, los candidatos podían presentar como aval a las propias sociedades matrices o acudir a alguna aseguradora, que ha resultado ser un organismo oficial en el caso de Sacyr y también de la propia Impregilo, que lo ha obtenido del SACE (Servizio Assicurativo del Commerzio Estero) italiano.

Avales por “indicación” política

CESCE es de propiedad mayoritariamente pública (50,25%), y está especializada en la cobertura de riesgos de impago derivados de la venta de productos y servicios de empresas españolas en el exterior. Su función es especialmente importante en los países en vías de desarrollo, donde los riesgos de cualquier operación económica son más elevados y, por tanto, sus servicios más solicitados. Las condiciones bajo las que asegura CESCE se atienen, además de a razones estrictamente comerciales, a las indicaciones políticas emanadas del ministerio de Economía, “indicación” que se da por descontada en el caso del aval a Sacyr.

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