A finales de la década de los 90 comenzó
una larga caída de la tasa de beneficio de las grandes empresas. Para
tratar de compensar esta tendencia especularon con productos
financieros, y en este último periodo con aquellos derivados de la
especulación inmobiliaria. Con la quiebra de este mercado en 2007-2008,
los empresarios dejaron de ver expectativas de beneficio y, como la
búsqueda de beneficio es el combustible del sistema, dejaron de invertir
y dejaron a la gente sin empleo.
A los gobiernos se les dijo que tenían
que cubrir los activos financieros ficticios que se habían creado para
especular, y estos –a las órdenes de la Troika–, lo hicieron y lo siguen
haciendo. Al hacerlo, produjeron un aumento enorme de los gastos del
estado. La deuda generada para financiarlos es cada vez mayor, y el peso
de los intereses que hay que pagar aumenta de forma exponencial. Esta
deuda es la justificación (falsa) para recortar el gasto en servicios
públicos, para retirar prestaciones, para instaurar copagos, y para
privatizar servicios.
Los recortes en el gasto público se
justifican con términos que parecen asépticos como “racionalización” y
mejora de la “eficiencia”. Su materialización real es el cierre de camas
hospitalarias públicas y la disminución de personal sanitario. Según el
Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, desde
enero de 2012 hasta julio de 2013 han sido despedidos 25.543
profesionales sanitarios. Los recortes también suponen la disminución de
la prestación en medicamentos a través del aumento del copago. El
copago hace disminuir tanto las medicinas que podrían ser superfluas
como las que son absolutamente necesarias.
El objetivo central del gobierno (con el
plan A del fracasado “modelo Alzira” o con el plan B de las “Unidades
de Gestión Clínica”) es transformar los servicios públicos de salud en
servicios privados gestionados por aseguradoras y empresas
multinacionales de riesgo. El objetivo de esta privatización es doble,
en primer lugar, que grandes empresas y entidades financieras extraigan
beneficios de nuestros problemas de salud. En segundo lugar, recortar la
accesibilidad a los servicios de salud y a las prestaciones ya que los
dispositivos privatizados nacen dotados con menos personal y con menos
camas. La argumentación es que se privatiza para disminuir los costes.
La realidad es que estos servicios son más caros, tienen menor calidad
asistencial y mayor mortalidad. Naturalmente, los gobiernos no solo no
publican ninguna auditoria de su coste real sino que vetan su
realización.
Se ha desarrollado todo un marco
legislativo para posibilitar los recortes y privatizaciones. Algunos
hitos fundamentales serian, la ley 15/97 de “nuevos modelos de gestión”;
la ley 16/2012 que ha eliminado la universalidad y gratuidad de la
atención; la ley de la dependencia, que si bien supuso un avance en el
reconocimiento de derechos es equivalente a la ley 15/97 como
herramienta privatizadora; y el cambio del artículo 135 de la
Constitución que antepone el pago de la deuda (en su mayor parte,
ilegítima) a la cobertura de las necesidades sociales.
Otros retrocesos legislativos
complementan este proyecto. La reforma del Código Penal y la Ley de
Seguridad Ciudadana suponen un recorte brutal de derechos y libertades
cívicas, están pensada para castigar la protesta y tiene un impacto
directo sobre las personas con enfermedad mental. Su base es el miedo de
los de arriba. Este miedo se utiliza para imponer un control social
autoritario. La enfermedad mental se conceptúa como un peligro para la
sociedad, y se le impone un castigo de “libertad” vigilada o de prisión
de por vida, sin relación con la pena asignada a un posible delito.
La cancelación de la Estrategia de Salud
Mental es el corolario imprescindible. Para ellos, la prioridad ya no
está en la potenciación de la integración social o del apoyo
domiciliario, sino en el tratamiento ambulatorio involuntario (TAI).
Mientras que la orientación a la prevención y a la atención cercana y
basada en la evidencia tiene un gran soporte científico y ético, el TAI
carece del mismo.
Si estos son los movimientos de los de
arriba ¿cuales serían las alternativas de las de abajo? En primer lugar,
garantizar la autonomía de las organizaciones y de los movimientos
sociales, y su independencia de los de arriba, de las necesidades de las
instituciones (de los gobiernos y ministerios) y de las necesidades de
las empresas (las de las universidades privadas, las de la industria
farmacéutica, o las de las empresas que gestionan residencias u
hospitales). Avanzar implica defenderse y movilizarse. Sin esta
independencia es imposible tener la fuerza necesaria para resistir.
Una
movilización puede implicar, en un momento dado, una negociación pero es
incompatible con la búsqueda del “consenso” o del “pacto social”. No es
fácil, y se requiere habilidad para no ser divididos y reprimidos.
Los
ejemplos son las movilizaciones de la Marea Blanca contra la
privatización de la sanidad, las de la Plataforma de Afectadas por la
Hipoteca contra los desahucios o las del Sindicato Andaluz de
Trabajadores por la reforma agraria. En segundo lugar, la paralización
inmediata del pago de la deuda, y su auditoria ciudadana con el objetivo
de identificar la parte que es ilegítima y que no se debe pagar. La
derogación de la reforma constitucional y de las leyes que impiden unos
servicios 100% públicos. En tercer lugar, la lucha contra el TAI y
contra la reforma Gallardón.
Sin la independencia de los de arriba, sin
cortar con el pago de la deuda ilegítima y sin una movilización por
servicios 100% públicos y bajo control de los trabajadores y de las
usuarias, las justas propuestas asistenciales de FEAFES no podrán
materializarse. No debemos consentirlo.
Artículo publicado en el número 3
(2013) de la revista Encuentros de la FEAFES (Confederación española de
agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental): http://feafes.org/publicaciones/encuentro-n3-2013-18407/
Manuel Girón es psiquiatra y miembro de la Plataforma per a la Defensa i Millora dels Serveis Públics de Salut Mental d’Alacant
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