El profesorado acumula una pérdida de poder adquisitivo de entre un 44% y un 63%

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Desde 2012, los docentes de la enseñanza pública trabajan más por menos. Ese año, el Ejecutivo del PP amplió la jornada lectiva de 35 a 37,5 horas semanales, provocando una devaluación de sus salarios. Sin embargo, la disminución de poder adquisitivo comenzó antes, cuando en 2010 el Gobierno socialista recortó el sueldo a los funcionarios.



 Tras cinco años de recortes salariales, el profesorado acumula una pérdida de poder adquisitivo de entre un 44 y un 63% en función de la antigüedad y el cuerpo al que pertenece, tal y como queda reflejado en el estudio sobre “Pérdida de poder adquisitivo del profesorado de la enseñanza pública”, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO.



A estos porcentajes hay que sumar los recortes que los Gobierno autonómicos han impuesto por su cuenta y que han sido especialmente duros en comunidades como Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha, entre otras.



Si, además, tenemos en cuenta el incremento de la inflación, nos encontramos con que un docente que trabaja para el Ministerio de Educación, es decir, al que solo se le han aplicado los recortes del Gobierno central, ha dejado de ingresar desde 2010 cantidades que oscilan entre los 11.454,64 euros, en el caso de maestros sin antigüedad, y 20.665,94 euros, en el de maestros con 30 años de servicio.


 Si hacemos este mismo cálculo para el profesorado de Secundaria, las pérdidas acumuladas oscilan entre los 15.434,84 euros y los 27.143,22. Estas cifras serían incluso más abultadas si consideráramos la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas.  



A la reducción salarial hay que añadir la pérdida de empleo, que tiene un efecto directo en la calidad educativa. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), 64.900 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza se han quedado sin empleo desde finales de 2011.



La LOMCE, los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012, la Memoria de Análisis de Impacto de la LOMCE y los borradores de Real Decreto de contenidos mínimos incluyen otras medidas que contribuyen a deteriorar las condiciones de trabajo de los docentes de la enseñanza pública no universitaria, como el agravio que supone la contratación de expertos con dominio de lenguas extranjeras, que quedarán al margen de los mecanismos de acceso a la función pública, lo que implica una vulneración del principio de publicidad, igualdad, mérito y capacidad; la pérdida de empleo fijo e interino; el incremento de las ratios de alumnos por clase; el aumento de la carga lectiva; la preeminencia de la figura del director, entre cuyas facultades se encontrarán, una vez entre en aplicación la LOMCE, las de establecer los requisitos y méritos específicos de los puestos ofertados al personal funcionado docente y la ocupación de puestos por interinos, etc.



Las consecuencias de la implantación de la LOMCE serán especialmente graves en el caso de la Formación Profesional Básica, cuya puesta en marcha implicará la movilización forzosa y/o amortización de plazas docentes en Primaria y sumirá en la incertidumbre al resto de niveles educativos.


FE- CCOO

por YTM