Si aparcamos por un momento el debate sobre el sentido que tiene
mantener una anacrónica y corrupta monarquía heredera del franquismo en
España - que es el debate que realmente debe estar sobre la mesa más
allá de si la infanta baja andando o en coche la rampa del juzgado y
demás folclorismos -, la declaración de la infanta
Cristina de Borbón ante el juez Castro ha dejado claro que esta
persona, independientemente de lo que sentencie en su momento el juez,
debe abandonar de inmediato sus responsabilidades públicas.
Ya lo
debería haber hecho hace tiempo, cuando fue imputada hasta en dos
ocasiones antes de esta comparecencia.
Pero ahora, tras escuchar las
explicaciones que ha dado ante el juez, su continuidad como infanta de
España, Duquesa de Palma de Mallorca, y su presencia en fundaciones e
instituciones que manejan dinero público es un escarnio y una burla
intolerable.
Si esta persona, tal y como alegó ante el juez, desconocía cómo
se gestionaban sus propios negocios y sus propiedades está reconociendo
que no está capacitada para gestionar ni recibir ni un sólo euro del
erario público. Una persona que se reconoce como ciega, sorda y muda
ante sus obligaciones más cercanas no puede representar a toda una
sociedad, y mucho menos sin que los ciudadanos tengan ocasión de
elegirla democráticamente como su representante.
El desconocimiento de
los hechos no te exime de asumir tus responsabilidades cuando ocupas un
cargo público. Cristina de Borbón tiene que asumir su "culpa in vigilando", que es una responsabilidad que va aparejada a todo cargo público. La culpa in vigilando
supone admitir que una persona es responsable de los actos que realiza
otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia. Cristina de
Borbón no quiso "vigilar" lo que se hacía con el dinero público que
pasaba a raudales por delante de sus narices.
Pero es que además la infanta ha entrado en una contradicción que la
desacredita y tumba sus propios argumentos. Ella misma ha reconocido en
su declaración ante el juez Castro que supo que el rey Juan Carlos
advirtió a su marido en 2006 de que dejara sus actividades en el
Instituto Nóos. Es decir, que sabía que las actividades del Instituto
Nóos no eran lícitas, y aún así guardó silencio y siguió beneficiándose
de los negocios corruptos de su marido.
La Casa Real - incluida la
infanta - fue cómplice de la corrupción, y trató de ocultar las corruptelas de Urdangarín poniendo tierra de por medio (a través de Telefónica) en cuanto salieron a relucir los primeros trapos sucios
de sus negocios, algo que finalmente resultó inútil. "El Rey no sólo
conocía las actividades presuntamente ilícitas de su yerno, sino que las
avaló y, además, movió todos los hilos a su alcance para ayudar a Urdangarin en sus negocios", afirma el periodista José Luis Lobo.
Aunque la sentencia del juez Castro le sea favorable, la infanta no
puede seguir ni un minuto más ocupando sus cargos a costa del erario
público. Aunque siendo realistas no podemos esperar que en el país más
corrupto de Europa un cargo público imputado abandone sus
privilegios por voluntad propia. Tampoco nadie desde las instituciones
ni desde los medios de comunicación se lo exige. Y a las clases
populares se les acumulan los problemas y los frentes abiertos en el
corrupto reino de España.
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