El Estado tira a la basura más de 3.500 millones en infraestructuras que no funcionan o ni se han terminado

Túneles cerrados, carreteras que no llevan a ningún sitio, tranvías que no circulan, aeropuertos sin vuelos, edificios a medio construir… En estos años, España ha quedado plagada de este tipo de proyectos que han costado el equivalente a un 0,4% del PIB y que no pueden ser ni utilizados.

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La pasada semana se conoció el último caso de despilfarro por parte de la Administración en un proyecto de infraestructuras. Casi 700 millones de euros han quedado enterrados en parte del trazado ferroviario de alta velocidad que preveía unir las provincias de Murcia y Almería, que incluía un espectacular doble túnel de 7,5 kilómetros. Pero lo más grave de este caso es que no constituye un hecho aislado sino que aquellos proyectos de infraestructuras que están sin terminar o culminados pero sin posibilidad de utilización por parte de los ciudadanos se cuentan por decenas en toda España. Y sólo sumando los más significativos, la cifra de inversión pública que las diferentes Administraciones Públicas han tirado a la basura se va por encima de los 3.500 millones de euros.


Como adelantó el diario La Vanguardia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) procedió a cerrar el túnel del Barranco de los Garafillos, en la provincia de Almería, para evitar su deterioro, dado que, por el momento, los trabajos para la construcción de la línea de alta velocidad Murcia-Almería no van a continuar, a la espera de una evalución por parte del Ministerio de Fomento. En total, este proyecto para unir ambas localidades cuenta con un presupuesto superior a los 2.500 millones de euros para construir una línea de 186 kilómetros.



Ahora todo queda en entredicho, aunque Fomento considera que los planes aún siguen vivos. Sin embargo, aun resta poner los primeros cimientos para casi 130 kilómetros de recorrido y la misión de llegar a concluirlo en 2020 se torna imposible. Y lo peor es que lo más caro del proyecto, el llamado a ser el túnel ferroviario más largo de Andalucía, ya está construido y, por lo tanto, la inversión enterrada, nunca mejor dicho. Murcia y Almería no cuentan con conexión ferroviaria alguna y la primera opción que se pone en marcha es la más costosa.



Mucho se ha hablado y escrito a lo largo de la crisis de las construcciones de infraestructuras faraónicas que posteriormente han sido infrautilizadas o cuyo rendimiento económico no daría para costear la obra ni en siglos de explotación. Pero casos como los de esta línea férrea son aun peores porque el dinero se ha dilapidado igual y, por el momento, los ciudadanos, aunque fueran pocos, ni han podido disfrutar de ellos.



Los aeropuertos fantasmas
Entre los más conocidos figuran los casos de los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real. El primero aún sigue sin entrar en funcionamiento a la espera de las correspondientes licencias y después de una inversión superior a los 150 millones de euros. Actualmente a la venta, tiene problemas para encontrar comprador, lo que no extraña a los expertos en el sector, aún está a la espera de operar su primer vuelo y tan sólo ha servido de banco de pruebas a escuderías de Fórmula 1 gracias a las largas rectas de sus pistas de despegue y aterrizaje. Del uso público, no sabe, no contesta.


Al aeropuerto de Ciudad Real se le acusa, directamente, de ser la puntilla que remató a Caja Castilla-La Mancha, la primera de las entidades financieras que tuvo que ser intervenida por el Estado, allá por 2009, tras detectarse un agujero superior a los 3.000 millones de euros en su balance. De ellos, 400 se corresponden con su apoyo económico a un proyecto absolutamente disparatado, que incluía un macrocomplejo consagrado a los casinos y a la práctica del golf, que ni siquiera pasó de las maquetas.


No sucedió lo mismo con el aeropuerto, aunque después de una inversión total superior a los 1.100 millones de euros, su bagaje ha sido el rodaje de una película y de algunos spots publicitarios. De su disfrute por los ciudadanos no hay noticia.


Madrid, capital... del despilfarro
Sin embargo, no es necesario irse demasiado lejos de los centros de poder y toma de decisiones para encontrar ejemplos de proyectos que sólo han funcionado a la hora tirar de las arcas públicas. Madrid es uno de los casos más paradigmáticos. El llamado Campus de la Justicia, proyectado en el desarrollo de Valdebebas, junto a la nueva ciudad deportiva del Real Madrid y muy próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha quedado reducido a un solo edificio, de los 15 que se habían proyectado para que albergaran diversas dependencias, desde la ampliación de los juzgados hasta una nueva sede para el Instituto Anatómico Forense.



Pero que nadie cante victoria. Hay, en efecto, un inmueble en pie, destinado a ser la sede del Instituto de Medicina Legal pero, eso sí, vacío. El resto no sólo no está sino que no se le espera porque la Comunidad de Madrid, la misma que lo auspició, paradójicamente bajo el mandato del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha ido reduciendo sus pretensiones hasta determinar que no se ejecutará. Obviamente, no llegaron a gastarse los cerca de 500 millones presupuestados en su día, pero sí cerca de un centenar… para absolutamente nada.



Y qué decir del futuro centro de convenciones que iba a completar la nueva imagen del norte de Madrid, junto a los cuatro rascacielos que se construyeron en los terrenos que ocupaba la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Se diseñó (con una imagen innovadora, de forma semicircular, emulando una moneda enterrada parcialmente en el suelo), se removieron los terrenos y comenzó su construcción hasta que la crisis la detuvo.


Para entonces, cerca de 200 millones de euros se habían ido por el sumidero y las asombrosas vistas de Madrid desde los pisos altos de las cuatro torres contrastan con las vergonzantes que ofrece echar un vistazo abajo y comprobar una construcción a medio hacer y con el correspondiente deterioro diario.



Alejándose un poco de la capital, dirección sur, el ciudadano se topa con otra excepcional fosa común de sus impuestos: el Centro de Creación de las Artes (CREAA) de Alcorcón. Planteado como un complejo de nueve edificios que aspiraba a ser una especie de museo Guggenheim de Bilbao y una ciudad de las artes de Valencia todo unido, fue abandonado a la inspiración de grafiteros sin ningún arte y a las malas hierbas cuando todavía restaba una inversión de 40 millones de euros y después de invertir 140 millones más.



El objetivo de la paralización fue que no terminara de llevarse por delante las cuentas municipales de la ciudad dormitorio madrileña, con un endeudamiento global que supera los 650 millones de euros. Un proyecto que incluía un desarrollo para el mundo del circo, aunque el papel reservado para los ciudadanos ha sido modificado: de potenciales espectadores han pasado a ser involuntarios protagonistas de uno de los números más grotescos nacidos de la espiral de locura urbanística que envolvió España durante los años previos a la crisis.



El tranvía invisible
Fuera de Madrid, Galicia también tiene su propia Ciudad de la Justicia, valorada en 400 millones de euros, y que nunca llegó a terminarse. Los pocos edificios que se levantan en el terreno reservado a tal fin están muy lejos de contar con una utilización presentable. Algo más de 100 millones de euros costó el nuevo puerto de Laredo (Cantabria) que aún no ha contemplado atraque alguno después de cientos de problemas a la hora de determinar su construcción. Y así un largo etcétera con episodios más que llamativos.



Entre ellos, el del tranvía de Jaén, una de las provincias más endeudadas de España, pero que no dudó en invertir hasta 120 millones de euros en un sistema de transporte que ahora no puede ser explotado. Las máquinas llegaron a circular en periodos de prueba pero casi tres años después de que terminaran las obras, aun no ha podido ser utilizado por ningún ciudadano.


Las denuncias interpuestas al proyecto por una empresa de autobuses retrasaron la puesta en marcha y cuando el asunto se ha resuelto, el Consistorio que impulsó del proyecto ha cambiado de manos políticas y los nuevos regidores estiman que Jaén no puede permitirse el gasto en mantenimiento que acarrea el tranvía.


Y así sucesivamente hasta sumar más de 3.500 millones de euros. Una cifra que se multiplica por cinco o por seis si se añaden todas aquellas infraestructuras que sí se terminaron y sí están operativas para el público pero que presentan un grado de infrautilización alarmante. Pero, eso sí, al menos son tangibles y empleables. Otras, en cambio, ni siquiera sirven para presumir de ellas, lisa y llanamente porque ni se ven.