Las protestas de la población es uno de los mayores temores que tienen
las autoridades brasileñas. Para intentar evitar protestas masivas, el
Gobierno ha desplegado a más de 200.000 agentes, de los que un tercio
pertenecen al Ejército.
Amnistía Internacional y otras entidades sociales han denunciado repetidas veces la violencia empleada por la policía para reprimir las continuas protestas que se repiten en el país, especialmente en Río de Janeiro, así como las huelgas en servicios públicos como el metro
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