Golpe de efecto de la Policía al clan Pujol. A primera hora de esta mañana, a las 8.30 horas, varios agentes han detenido al hijo menor del expresidente catalán, Oleguer Pujol, en Barcelona, y al que fuera su socio, Luis Iglesias, yerno del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en Madrid, por la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales y un delito fiscal. Dos horas después, la Fiscalía informaba de que se ha procedido a dejarles en libertad en calidad de imputados para facilitar la ejecución de las diligencias de entrada y registro y porque la permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada.
El objetivo de este arresto es incautar la máxima documentación posible sobre varias inversiones sospechosas, principalmente la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por más de 2.000 millones de euros.
Según ha podido saber El Confidencial, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que tiene abierta una investigación al hijo de Pujol, ha acordado, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, las entradas y registros de los domicilios de los detenidos así como distintas oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla. Concretamente, se está procedimiento a la entrada de varias direcciones en Madrid, donde se encuentra el domicilio fiscal de la mercantil Drago Capital y Samos Servicios y Gestiones. También han entrado a primera hora en el domicilio de Pujol con perros, registro que ha sido supervisado por el fiscal Anticorrupción de Barcelona, Fernando Bermejo.Además estaba presente el abogado de Oleguer, Cristóbal Martell.
Registro de la casa de Oleguer Pujol (Efe)
Estas
sociedades están vinculadas a Oleguer Pujol, de las que en algunas ha
sido administrador único. Concretamente, la compra de las sucursales del
Santander se hizo a través de la mercantil Samos Servicios y Gestiones.
Los investigadores buscan toda la documentación y material informático
que les sirva para averiguar si se utilizó esta operación para blanquear
más de 2.000 millones de euros que pudieran estar en paraísos fiscales.
Anticorrupción también ha pedido realizar un requerimiento al despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo Abogados, quien se encargó de la parte jurídica de esta operación y que, por tanto, podría tener documentación en su poder que sea de utilidad para la investigación.
Los agentes acudieron a sus oficinas para solicitar toda la
documentación, tanto en papel como en soporte informático, relativa a
cualquier empresa o actividad empresarial tanto de Oleguer Pujol como de
Iglesias como cualquier documentación relativa a ellos mismos, tanto en
España como en el extranjero
.
Investigan varias compras sospechosas
Hasta
ahora, Pedraz sólo investigaba al menor de los Pujol por la compra de
un hotel de Canarias con dinero de origen desconocido procedente del
paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, lo que podría ser
constitutivo de un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda
Pública.
El magistrado admitió a trámite una querella presentada por Podemos y Guanyem que iba dirigida a todo el clan Pujol aunque el instructor lo limitó únicamente al pequeño de la familia.
Sin
embargo, la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas paralelamente unas
diligencias de investigación por la compra sospechosa de las oficinas
del Santander por 2.040 millones de euros y que ya ha incorporado al
Juzgado Central de Instrucción número 1.
La adquisición se hizo en
noviembre de 2007 a través de la sociedad Samos Servicios y
Gestiones. Esta firma nació un mes antes, el 2 de octubre, con un
capital social mínimo de 3.010 euros. Posteriormente, el 11 de
diciembre, aparece ya como socio único la empresa Cuius Holding, con
sede en Holanda, y cuyo presidente era en aquel momento Oleguer Pujol.
El juez Santiago Pedraz. (EFE)
Según fuentes jurídicas, el juez pretende también aclarar la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria, operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes. Se investiga ampliaciones de capital entre sociedades
(residentes y no residentes) inversiones que no parecen tener
financiación suficiente, hipotecas como garantías de préstamos otorgados
a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que
sirven como garantía. En este procedimiento se investigan posibles
delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica.
El
juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y
mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no
residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y
viceversa.
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