Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de agosto de 2015.
Este artículo señala las medidas
que se han ido aprobando en las Cortes Españolas que han tenido un
enorme impacto negativo en las pensiones públicas en España, algunas de
ellas de una enorme radicalidad y regresividad desconocidas en la
mayoría de países de la UE-15, tales como desligar los beneficios de las
pensiones del índice de inflación de la economía, con lo cual se están
reduciendo significativamente estas pensiones.
Con cierta periodicidad previsible, la
banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan para
promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a
la población que sea rápida en adquirir un aseguramiento privado que le
garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión pública no le
será suficiente. La última campaña es la iniciada por el gobernador del
Banco de España, el Sr. Luis María Linde, que explícitamente y sin
rubor o reparo ha dicho que el ciudadano español debería compensar su
pensión pública con una privada, debido a que “el sistema público
llevará inexorablemente a la reducción de las pensiones en el futuro”.
Y
toda una lista de supuestos “expertos”, incluidos catedráticos de
economía próximos a la banca y/o miembros del gobierno del Banco de
España, añadirán su servil y dócil voz a este mensaje. Y economistas de
sensibilidad neoliberal, del partido liberal catalán gobernante en la
Generalitat de Catalunya, han también enfatizado este mensaje a través
de los medios públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya Ràdio)
mediante sus programas económicos y tertulias. Un tanto semejante ha
ocurrido con economistas del Partido Popular (PP), que lo han hecho a
través de los medios públicos controlados por el gobierno del este
partido, como es el caso de TVE.
Y todos ellos, como prueba de la
insolvencia del sistema público de pensiones, han señalado la rápida
desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se
estableció en el año 2000 precisamente para poder cubrir los déficits
creados en la caja en su pago de las pensiones. El gobierno Rajoy ha ido
gastando este fondo, reduciendo su global nada menos que un 38%,
atribuyendo la necesidad de recurrir a estas reservas al crecimiento de
la población anciana y al aumento de la esperanza de vida.
Esta argumentación, sin embargo, es
falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe
primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al
aumentar el paro y la precariedad, y al descender los salarios (como
está aconsejando el Sr. Luis María Linde), implica unas cotizaciones
mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, con el
consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones
.
En realidad, las políticas de austeridad (vivamente promocionadas por la
banca y otras secciones del capital financiero, así como por los
partidos liberales, socioliberales y conservadores) han sido una de las
mayores causas del deterioro de la financiación de las pensiones
públicas, debido al impacto negativo que han tenido en el crecimiento
económico y al deterioro tan acentuado de los salarios y en el número de
asalariados, causas todas ellas de los menores ingresos a la Seguridad
Social.
Las bajas pensiones públicas en España
Aquellas voces neoliberales
constantemente acentúan que las pensiones españolas son excesivas en su
generosidad y en su cobertura. Y como prueba de todo ello, señalan que
la tasa de remplazo es de las más elevadas en la Unión Europea (el 94%
del último salario obtenido), sin citar, sin embargo, que los salarios
son mucho más bajos en España, con lo cual, los ingresos netos de los
pensionistas son mucho menores.
Y estos ingresos han ido descendiendo
como resultado de una serie de cambios que apenas han tenido visibilidad
mediática. Uno de ellos es el hecho de desligar el crecimiento de las
pensiones del crecimiento de la inflación, cambio casi único en los
países de la UE. Así, se predice que los precios en 2015 subirán un
1,3%, y puesto que el crecimiento de las pensiones será solo de un
0,25%, ello significa que el pensionista verá reducida la capacidad
adquisitiva de su pensión en un 1,05% (1,3 – 0,25), reduciéndose todavía
más las pensiones. En España, un 55% de las pensiones se sitúan por
debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
Y para reducirlas todavía más, la edad
de jubilación a partir del 1 de enero de 2014 se irá atrasando para
pasar de 65 a 67 años en 2027, aumentando también el tiempo necesario
para poder adquirir toda la pensión (pasando de 35 a 37 años). Y, por si
fuera poco, el número de años que se utilizan para calcular la pensión
habrá pasado de 15 a 25 años en 2022.
Todas estas medidas han supuesto una
enorme reducción de los beneficios de las pensiones públicas, forzadas
todas ellas a disminuir su valor para que la población vaya corriendo a
complementar su pensión pública con una privada proveída por la banca.
Todo ello ha ido ocurriendo en un contexto en el que las rentas del
trabajo como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo,
mientras que las rentas del capital (y muy en especial del capital
financiero) han ido aumentando.
Si ello no hubiera ocurrido, y las
rentas del trabajo hubieran sido las que hubieran ido aumentando, en
lugar de continuar descendiendo, las pensiones (cuyos fondos provienen
de dichas rentas del trabajo) no tendrían ningún (repito, ningún)
problema de viabilidad. En realidad, el enorme crecimiento de las
desigualdades (con un crecimiento de las rentas del capital a costa de
las rentas del trabajo, y con un crecimiento de las rentas superiores –
cuyas cotizaciones a la Seguridad Social son proporcionalmente menores –
a costa de las rentas medianas y bajas – que cotizan más a la Seguridad
Social) es la mayor causa de que la sostenibilidad de las pensiones
públicas haya disminuido.
Y de ello, señor lector, usted no ha oído ni
pío en los mayores medios de información.
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