El Gobierno de Netanyahu paga un viaje de cinco días a Navarro y
Zaragoza, en compañía de sus esposas, para visitar la Corte Suprema y
tener dos reuniones
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, tuteló desde Israel la petición de prisión incondicional
para los dos titiriteros detenidos en Madrid el 5 de febrero. Allí se
encontraba, invitado por el Gobierno israelí, junto al presidente del
tribunal especial, José Ramón Navarro, y las esposas de ambos. El
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que pasaron cinco días
para mantener dos reuniones, con la presidenta de la Corte Suprema y el
fiscal general del país, en el marco de la cooperación antiterrorista.
La Fiscalía General del Estado añade que la mujer de Zaragoza se dedicó a
compartir experiencias con sus colegas locales acerca de delitos
informáticos, su especialidad en España.
Navarro solicitó permiso
al CGPJ, como es preceptivo. Fuentes del órgano de gobierno de los
jueces aseguran que informó antes del 18 de enero. Por tanto, la
invitación de Israel se produjo, como tarde, tres semanas después de que
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara anular la ficha
policial de Binyamin Netanyahu, que el juez José de la Mata había
ordenado abrir en el marco de la causa por el asalto a la Flotilla de la Libertad.
Para que la Sala de lo Penal
pudiera adoptar tal decisión fueron necesarios antes tres recursos de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El primero de ellos se produjo el
12 de noviembre. Dos días después, Israel hizo público que realizaba
gestiones con las “autoridades españolas” para anular la decisión
emanada del poder judicial. “Lo consideramos una provocación. Esperamos
que se resuelva pronto”, declaró a The Jerusalem Post
el portavoz de Exteriores israelí, Emmanuel Nachson, respecto a la
orden del juez De la Mata. El recurso de la Fiscalía suponía un
repentino giro de 180 grados en la postura que mantenía desde hacía
cuatro meses.
El acuerdo adoptado por el
CGPJ el 28 de enero para el viaje a Israel de José Ramón Navarro suponía
aprobar una “comisión de servicio sin derecho a gastos” para el
presidente de la Audiencia Nacional entre el 5 y el 10 de febrero, “más
los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de
desplazamiento”. El objeto del viaje, supervisado antes por el Servicio
de Relaciones Internacionales del CGPJ, era “participar en la visita a
la Corte Suprema de Israel”. Un portavoz del Poder Judicial ha precisado
a eldiario.es a que el viaje incluía sendos encuentros con la
presidenta de la Corte Suprema y con el fiscal general.
El presidente de la
Audiencia Nacional ha declinado comentar el hecho de que la invitación
de Israel al viaje de cinco días incluyera a su esposa. A través de un
portavoz, José Ramón Navarro ha destacado que el viaje tuvo carácter
oficial y que fue aprobado por el CGPJ.
En lo que respecta al fiscal
Javier Zaragoza, éste comunicó a la Fiscalía General del Estado el
desplazamiento en el marco de la “cooperación en la lucha
antiterrorista”, según una fuente oficial del Ministerio Público. Este
portavoz asegura que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue informado
del desplazamiento. El departamento de José Manuel García Margallo ha
declinado realizar comentarios sobre el asunto. Fuentes políticas en
Israel aseguran que la Embajada española en Tel Aviv no fue informada
del viaje del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del presidente del
tribunal y que sus funcionarios se enteraron por casualidad.
Eldiario.es ha consultado al
mismo portavoz de la Fiscalía General sobre el desplazamiento a Israel,
en las mismas fechas, de la fiscal de Sala en materia de Criminalidad
Informática, Elvira Tejada, esposa de Zaragoza. La Fiscalía General
confirmó el viaje de Tejada con el objetivo de exponer a fiscales
israelíes “los modelos de organización de la Fiscalía mediante la
existencia de fiscales delegados en materia con la adscripción a la
Fiscalía de unidades policiales”. Según esta versión, el matrimonio de
Zaragoza y Tejada lograron hacer coincidir sendos viajes de trabajo, por
motivos diferentes, al mismo país y en los mismos días.
Con Zaragoza en Israel, una
de sus subordinadas, Carmen Monfort, solicitó prisión incondicional para
los dos titiriteros detenidos el viernes 5 de febrero en Madrid. El
fiscal jefe estuvo informado de todos los detalles del caso, según
fuentes de la Audiencia Nacional. Con el informe de Monfort, el juez
Ismael Moreno envió a los titiriteros a la cárcel. La tormenta que
desató ambas decisiones precedió a un cambio de criterio en el Ministerio Público, que se posicionó a favor de la excarcelación de los artistas el día 10.
Crímenes de guerra y delito de lesa humanidad
El juez De la Mata se había visto obligado a archivar el 10 de junio de 2015
la denuncia de tres españoles que viajaban en uno de los barcos
asaltados por el Ejército israelí cuando intentaban romper el bloqueo a
Gaza y entregar material humanitario. El Ejército israelí mató a nueve
personas, hirió a decenas y detuvo y encerró ilegalmente a varios
centenares. El magistrado calificó los hechos en su auto de archivo
provisional como presuntamente constitutivos de crímenes de guerra y un
delito de lesa humanidad.
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional no recurrió dicho auto, en el que el juez advertía a Netanyahu y
sus colaboradores de que la causa sería reabierta si ponían un pie en
España. La decisión de De la Mata era la única posibilidad de ejercer la
justicia universal que deja la última reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el Grupo Popular en el Congreso,
por procedimiento de urgencia, cuando China advirtió del daño a las relaciones bilaterales las órdenes de búsqueda y captura contra varios de sus jerarcas por el genocidio en el Tíbet.
Es más, la Fiscalía se opuso
al recurso que presentó una de las acusaciones en el proceso de la
Flotilla de la Libertad contra el auto de De la Mata. Hasta que en
noviembre, el Juzgado libró una diligencia de ordenación a la Policía y
la Guardia Civil en la que resolvía sus dudas sobre las identidades que
ya había ordenado incluir en sus ficheros. Era la constatación de que
las filiaciones de Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe
Ya’alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom pasaban a engrosar los
archivos policiales españoles. El objetivo era que saltara una alarma
para avisar al juez en cuanto cualquiera de ellos pusiera un pie en
territorio español. En cuestión de horas, las bases de datos pasaron a
incluir “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo
de Benzion y Zila”.
Las maniobras de la Fiscalía arrancaron 48 horas después.
El primer recurso fue rechazado por el juez, asombrado por el cambio de
criterio del Ministerio Público. Este insistió y en un escrito llegó a acusar al magistrado de “reintepretarse a sí mismo”. Ante la negativa de De la Mata, la cuestión alcanzó la Sala de lo Penal, concretamente a su Sección Segunda.
Para resolverla formaron tribunal Enrique López, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. Los dos primeros son los jueces apartados de los juicios de corrupción que afectan al PP por su proximidad al partido.
El tercero, Hurtado, es de los pocos compañeros de la Sala de lo Penal
que han votado en contra de su recusación. Los tres obligaron a De la
Mata para que ordenara cancelar de inmediato la ficha policial de
Netanyahu y sus colaboradores. El 22 de enero, con Navarro y Zaragoza
preparando su viaje a Israel, los subordinados del primero condenaron a
los tres españoles detenidos y encarcelados ilegalmente por Israel a pagar las costas del incidente de nulidad que habían presentado.
Avión de la Policía para medalla pensionada
Navarro y Zaragoza
protagonizaron conjuntamente una polémica por otro viaje, el que
realizaron en el avión de la Policía Nacional a Murcia el pasado 1 de
octubre para ser condecorados con la Medalla de Plata al Mérito, que
conlleva una pensión mensual y vitalicia del 15% de su salario, según
informó Confilegal.
Zaragoza ya recibió la Medalla Roja, también pensionada, en 1992. A la
vuelta, la Policía Nacional desplazó a ambos a Madrid en helicóptero.
Javier Zaragoza aparece en varias ocasiones mencionado en los de los cables de Wikileaks publicados por El País en diciembre de 2010,
siempre como aliado de potencias internacionales. En uno de los cables,
la Embajada de Estados Unidos informa a Washington de que Zaragoza les
recomienda que abran una causa en relación a Guantánamo, lo que
imposibilitaría la aplicación de la justicia universal por parte de
Baltasar Garzón. “Es la fórmula que él preferiría”, escriben desde la
Embajada de la calle Serrano. Y algo más: el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional citó la investigación a unos altos cargos israelíes imputados
por un ataque a Gaza en 2002. “Iba a pedir que se cerrara el caso en
cuanto tuviera conocimiento formal de que Israel ha abierto su propia
investigación”, escribieron los funcionarios estadounidenses.
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