El Gobierno va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó a
su favor gracias a la reforma legal que impulsó el Ejecutivo de José
María Aznar en 1998 hasta 2015. Y luego pretende guardarlo sin más en un
cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.
Las inmatriculaciones
masivas han hecho que, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los
monumentos más visitados del mundo, se pusiera a nombre de la Iglesia
católica… por 30 euros. Éste, quizá, sea el caso más escandaloso de los
más de 4.000 inmuebles que, en virtud de la modificación de la Ley
Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a nombre de la Iglesia
católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
Más de la mitad de los
cementerios españoles son de titularidad eclesiástica, lo que –además de
un uso fraudulento de la gestión del suelo público, según los expertos–
genera pingües beneficios a las arcas de la Iglesia. El “negocio de la
muerte” sigue siendo uno de los más estables, y el monopolio continúa en
manos de la institución.
Sólo en Córdoba, según la
asociación Europa Laica, se inscribieron en este tiempo 180 propiedades.
En Pamplona, Asturias o Galicia se estima una cantidad similar. Casi
todas las catedrales católicas, muchas de las cuales son patrimonio
cultural, fueron inmatriculadas en este período. Así sucedió, por
ejemplo, con la catedral de Málaga, “adquirida por inmatriculación”
según el Registro de la Propiedad en febrero de 2011.
Desde hace meses, medio
centenar de ayuntamientos de toda España se han reunido en la
Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado
por la Iglesia, denunciando la “apropiación masiva” de bienes de dominio
público por la Iglesia, logrando que capitales de provincia como
Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza,
Salamanca, Almería, Málaga o León hayan planteado peticiones para
solicitar la devolución de algunos de los templos más famosos de nuestro
país.
Desde la catedral de Salamanca a la basílica del Pilar de
Zaragoza, pasando por las ermitas de Sangüesa en Navarra, la ermita de
Aranda de Duero o las murallas de Artá en Baleares.
El Colegio de Registradores
Ahora, y tras las presiones
de plataformas por todo el país, y del acuerdo mayoritario del Congreso,
el Gobierno ha solicitado “al Colegio de Registradores de la Propiedad
una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015,
de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la
citada derogación”.
El Ejecutivo respondía así
al diputado socialista Antonio Hurtado, quien desde hace años lleva
denunciando [a pesar de la inacción, cuando no de la descarada
complicidad de su propio partido con la institución religiosa], la
“actitud de rapiña” de los obispos que “ha mermado los derechos y las
propiedades de dominio público y, por tanto, del Estado.
Todo ello, sin tener en
cuenta que, para las plataformas anti-inmatriculación, el “expolio de la
Iglesia” no arranca en 1998, sino en 1946, cuando se aprobó la Ley
Hipotecaria. En 1998, en realidad, lo que se hizo fue abrir la
posibilidad de inmatricular templos de culto, con lo que la cifra global
de bienes puestos a nombre de la Iglesia en los últimos setenta años
podría alcanzar los 40.000, aunque todas las fuentes consultadas admiten
que sería imposible cuantificarlos.
El anuncio está condenado a
ser agua de borrajas. El propio Gobierno de Rajoy ha dejado claro, en la
misma respuesta, que considera que “las inmatriculaciones practicadas
con anterioridad” a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 “son
plenamente válidas”, con lo que “no se entiende procedente realizar
ninguna acción” para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia,
“por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada”.
Esto es:
habrá próximamente un listado completo de bienes inmatriculados por la
Iglesia… pero no servirá para que éstos regresen a ser de titularidad
pública.
Para el diputado socialista,
resulta “inadmisible que el Gobierno dé por válidas todas las
inmatriculaciones sin hacer comprobación alguna sobre los títulos
aportados, que deben ser escritura notarial, resolución judicial o
resolución administrativa”. Del mismo modo, el diputado cordobés incide
en que la resolución aprobada en abril instaba al Ejecutivo a “que
comprobase los títulos aportados”.
Sin embargo, “transcurridos los seis
meses, nos dicen que la está elaborando, pero no la ha hecho pública y,
por otra parte, da por buenas y no cuestiona ninguna de las
inmatriculaciones, sin comprobar el título aportado”.
Iglesias, terrenos, museos…
Desde hace años, distintas
plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la
Iglesia, llevan denunciando el “negocio inmobiliario” de la institución
católica en España que tiene su máxima expresión en la inscripción a
nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que
considerara suyos, con la mera firma del Obispo, que resulta tan válida
como la de un notario.
En Córdoba, Pamplona,
Asturias, Madrid… han sido muchos los que han reclamado la devolución no
sólo de los templos -cuyo uso litúrgico, en ningún caso, se pone en
cuestión-, sino de los terrenos anexos, que van desde edificios que hoy
se alquilan a terrenos cultivables, bienes de interés cultural o la
gestión de los cementerios.
Cabe resaltar que la reforma
de la Ley Hipotecaria en la que se basan las inmatriculaciones no
sirvió para que cualquier otra institución –o confesión religiosa–
reclamara como suyos diversos inmuebles, sino únicamente la Iglesia
católica. Por decirlo de otro modo: la comunidad islámica jamás tuvo la
más mínima posibilidad de intentar inscribir a su nombre la misma
mezquita de Córdoba que hoy, por apenas 30 euros, pertenece a la Iglesia
católica.
Los obispos responden
La Conferencia Episcopal,
por su parte, que celebra este domingo su Día de la Iglesia Diocesana
bajo el lema “Somos una gran familia, contigo”, ha elaborado un especial
sobre el particular en su portal Xtantos, donde critica cómo “las
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia vuelven a estar en boca de
todos y eso que durante siglos nadie había puesto en cuestión la
propiedad de muchos edificios, porque era evidente a quién pertenecía la
catedral de Burgos o una pequeña ermita perdida de cualquier pueblo de
España”.
Para los obispos, algo
similar ocurrió, en su día, con los edificios públicos y los
ayuntamientos.
“También éstos estaban sin registrar, pero nadie dudaba
de quién eran y de quién son. En el caso de los edificios públicos y de
los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que sirven. En el caso
de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: pertenecían y
pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy,
también pertenecerán a los cristianos del mañana”.
“La Iglesia solo ha
inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo
cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía
juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas
anexas a las parroquias”, concluye Xtantos. Hace unas semanas, y
preguntado sobre el particular, el portavoz de la Conferencia Episcopal,
José María Gil Tamayo, denunciaba el “clima de desamortización
encubierta” que se escondía, en su opinión, detrás de la elaboración de
dicho listado. “Es una manipulación de un bien de dominio público,
subrayaba.
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