La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha denunciado en
el Congreso de los Diputados las "intrusivas e inapropiadas" pruebas
para la determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados
en España.
Reyzábal ha argumentando con el caso de una adolescente de
16 años procedente de Camerún, que fue desnudada para explorar sus
genitales y comprobar si era mayor de edad, a pesar de que sospechaba
que había sido víctima de una red de trata.
La
presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha explicado que,
durante el procedimiento de determinación de la edad, los derechos de
estos menores son "vulnerados" y les deja "en situación de indefensión y
extrema vulnerabilidad".
A su juicio, este proceso "vulnera sistemáticamente la presunción de la minoría de edad" de los niños.
La
adolescente de 16 años procedente de Camerún, fue víctima de agresiones
e intento de matrimonio forzoso y, por ello, "salió huyendo".
Al
llegar a España, fue identificada por la Policía como menor en
situación de desamparo y, en condición de solicitante de asilo, fue
derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid.
Tras
dos meses, según ha explicado Reyzábal, desde el centro de acogida de
menores fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el
procedimiento de determinación de la edad.
Allí, "fue sometida a un
desnudo integral" para realizar una exploración de sus genitales, pese a
ser "una posible víctima de trata".
A
la joven también se le realizó una radiografía de muñeca y boca cuyo
resultado determinó que era menor de edad. "A pesar de ello, fue
convertida por un decreto del fiscal en una mayor de edad y expulsada a
la calle desde el sistema de protección de Madrid", ha denunciado.
Menores sin garantías y en un limbo jurídico
"Es
un procedimiento sin garantías", ha subrayado, recalcado además el
"limbo jurídico y social absoluto" en le que quedan estos migrantes que
"se quedan en la calle con un pasaporte que dice que es menor de edad,
pero un juez dice que es mayor de edad".
En
este contexto, ha lamentado que los migrantes "no puedes ejercer sus
derechos ni como menores, ni como adultos", y mucho de ellos no pueden
trabajar "porque según el pasaporte es menor", pero tampoco puede ser
escolarizado, tener asistencia sanitaria o acceder a muchos servicios
sociales.
Para
la presidenta de la fundación, es necesario que este procedimiento para
conocer la edad de los menores migrantes "se haga con garantías" y las
pruebas médicas debe "respetar" los derechos de las personas. En su
opinión, los desnudos integrales "se hace cada día" y "atentan contra su
dignidad".
Exige una correcta identificación de los niños y garantizar condiciones en los centros de acogida
Según
ha expuesto, debería "primar la condición de ser menor sobre cualquier
otra" y el Gobierno debe "proteger el interés de los niños para que no
queden en situación de desamparo".
En
este sentido, ha instado al Ejecutivo al "cumplimiento inmediato" de
las observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, al
tiempo que ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a
comparecer en sede parlamentaria para que expliquen sus actuaciones a
este respecto.
El
Comité urgió al Gobierno a modificar el Protocolo Marco de actuación
con menores extranjeros no acompañados y a adoptar medidas para asegurar
que los niños que llegan son correctamente identificados como tales en
frontera, así como a mejorar su acceso al procedimiento de asilo y
garantizar condiciones adecuadas en los centros donde se les aloja,
especialmente en Ceuta y Melilla.
"La
ley es maravillosa amparando los derechos y niños, pero si convertimos a
un niño migrante en adulto, deja de tener esos derechos", ha aseverado,
para después lamentar que España "no dé validez" a algunos registros
civiles procedentes de determinados países, como Marruecos.
"Si
no se da validez no es porque presenten signos de falsificación", ha
recalcado ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia en
la que ha intervenido este martes para explicar los principales retos en
la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas y sus protocolos facultativos sobre los menores migrantes no
acompañados.
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