El Gobierno responde a los jubilados que se olviden de que la pensión mínima llegue a los 1.000 euros
Los pensionistas volvieron a tomar ayer las calles de Bilbao. El
acuerdo en el Pacto de Toledo para recuperar el IPC como referencia para
subir las prestaciones no sirvió para desactivar la protesta, en la que
participaron decenas de miles de jubilados.
El colectivo reclama otra serie de mejoras entre las que sobresale una pensión mínima de 1.080 euros, petición que en estos momentos no entra en los planes del Gobierno español
. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció ayer a los pensionistas bilbainos que el Ejecutivo “no va a poder conceder” esa paga mínima superior a los mil euros, por lo que las concentraciones de los lunes se mantienen y no se descarta que en las próximas semanas pueda haber nuevas movilizaciones masivas.
“Procuro no prometer lo que sé a ciencia cierta que no voy a poder conceder”. Así de tajante se expresó la ministra Valerio tras reunirse ayer en Bilbao con varios portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), que canaliza las demandas de los miles de jubilados que vienen movilizándose desde hace meses en la capital vizcaina.
Así, mientras la titular de Trabajo atendía a los medios de comunicación en el edificio de la subdelegación del Gobierno español en Bizkaia, los jubilados abarrotaban la Plaza Moyúa con pancartas, megáfonos y silbatos cantando consignas a favor del mantenimiento de las pensiones públicas antes de partir en dirección al Ayuntamiento, su punto de reunión habitual.
La recomendación redactada en el Pacto de Toledo la pasada semana sobre las subidas referenciadas al IPC real es un avance positivo pero insuficiente para asegurar el futuro del sistema público de pensiones, consideran los representantes del movimiento.
En primer lugar, piden que esa recomendación se traslade a la ley y que el poder adquisitivo de las pensiones quede blindado en la Constitución.
Además, los portavoces del MPB pidieron ayer a Valerio la derogación del factor de sostenibilidad, el otro pilar de la reforma de Rajoy dirigido a recortar las futuras pensiones y que quedó en stand by hasta 2023 tras el último acuerdo entre el Gobierno del PP y el PNV.
“Dentro de cuatro años puede haber otro Gobierno de otro color y vete a saber. Por eso no es suficiente la suspensión temporal del factor de sostenibilidad y pedimos la derogación total”, explicó Andrea Uña, una de las portavoces del colectivo.
PENSIÓN MÍNIMA Y SMI
Los pensionistas están en camino de lograr la retirada de la reforma de Rajoy, pero plantean dos grandes reivindicaciones que van más allá. Una es lograr que todas las prestaciones alcancen el umbral mínimo de 1.080 euros y otra que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúe en 1.200.
Este segundo elemento “no es un capricho”, defiende Uña, ya que “serviría para sujetar el nivel de cotizaciones” y garantizar la suficiencia económica del sistema.
Sobre ninguna de estas dos cuestiones obtuvieron ayer los portavoces del MPB una respuesta positiva por parte de la ministra, quien se remitió a los pactos tripartitos y medidas que ya están en marcha.
En el caso del salario mínimo, Valerio recordó que recientemente se han alcanzado dos acuerdos en el ámbito del diálogo social para subir el SMI y para actualizar los convenios que pueden ayudar a tirar hacia arriba de los salarios y de las cotizaciones.
“Hace falta más empleo y sueldos más altos. Las bases están sentadas con los acuerdos sobre el salario mínimo y de negociación colectiva”, indicó Valerio, que defendió las medidas de su gobierno para atajar la precariedad y el fraude laboral.
Incluso, yendo un paso más allá, se alineó con quienes abogan por sostener las pensiones vía impuestos.
Con todo, y pese al discurso conciliador, la ministra habló claro respecto a la petición troncal de los 1.080 euros. “Ya me gustaría, pero mentiría si dijera que el año que viene va a haber una pensión mínima de 1.080 euros.
Tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera. Hay que reorientar el sistema público para controlar el déficit”, lanzó la ministra dando a entender de forma velada que la petición de los pensionistas se escapa de las posibilidades reales de la Seguridad Social.
Al término de la manifestación -también hubo protestas en Gasteiz y Donostia- los pensionistas dejaron claro que van a seguir movilizándose
. “No nos vamos a bajar de ninguna de nuestras reivindicaciones. Mientras la gente nos apoye vamos a seguir en la calle”, afirmó Uña.
El colectivo reclama otra serie de mejoras entre las que sobresale una pensión mínima de 1.080 euros, petición que en estos momentos no entra en los planes del Gobierno español
. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció ayer a los pensionistas bilbainos que el Ejecutivo “no va a poder conceder” esa paga mínima superior a los mil euros, por lo que las concentraciones de los lunes se mantienen y no se descarta que en las próximas semanas pueda haber nuevas movilizaciones masivas.
“Procuro no prometer lo que sé a ciencia cierta que no voy a poder conceder”. Así de tajante se expresó la ministra Valerio tras reunirse ayer en Bilbao con varios portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), que canaliza las demandas de los miles de jubilados que vienen movilizándose desde hace meses en la capital vizcaina.
Los
responsables de la plataforma mantuvieron un encuentro de hora y media
con la ministra en un tono “cordial” pero sin lograr avances.
Así, mientras la titular de Trabajo atendía a los medios de comunicación en el edificio de la subdelegación del Gobierno español en Bizkaia, los jubilados abarrotaban la Plaza Moyúa con pancartas, megáfonos y silbatos cantando consignas a favor del mantenimiento de las pensiones públicas antes de partir en dirección al Ayuntamiento, su punto de reunión habitual.
La recomendación redactada en el Pacto de Toledo la pasada semana sobre las subidas referenciadas al IPC real es un avance positivo pero insuficiente para asegurar el futuro del sistema público de pensiones, consideran los representantes del movimiento.
En primer lugar, piden que esa recomendación se traslade a la ley y que el poder adquisitivo de las pensiones quede blindado en la Constitución.
Además, los portavoces del MPB pidieron ayer a Valerio la derogación del factor de sostenibilidad, el otro pilar de la reforma de Rajoy dirigido a recortar las futuras pensiones y que quedó en stand by hasta 2023 tras el último acuerdo entre el Gobierno del PP y el PNV.
“Dentro de cuatro años puede haber otro Gobierno de otro color y vete a saber. Por eso no es suficiente la suspensión temporal del factor de sostenibilidad y pedimos la derogación total”, explicó Andrea Uña, una de las portavoces del colectivo.
PENSIÓN MÍNIMA Y SMI
Los pensionistas están en camino de lograr la retirada de la reforma de Rajoy, pero plantean dos grandes reivindicaciones que van más allá. Una es lograr que todas las prestaciones alcancen el umbral mínimo de 1.080 euros y otra que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúe en 1.200.
Este segundo elemento “no es un capricho”, defiende Uña, ya que “serviría para sujetar el nivel de cotizaciones” y garantizar la suficiencia económica del sistema.
Sobre ninguna de estas dos cuestiones obtuvieron ayer los portavoces del MPB una respuesta positiva por parte de la ministra, quien se remitió a los pactos tripartitos y medidas que ya están en marcha.
En el caso del salario mínimo, Valerio recordó que recientemente se han alcanzado dos acuerdos en el ámbito del diálogo social para subir el SMI y para actualizar los convenios que pueden ayudar a tirar hacia arriba de los salarios y de las cotizaciones.
De hecho, el año pasado crecieron
los ingresos de la Seguridad Social un 5%, un buen dato pero
insuficiente para evitar seguir acumulando déficit.
“El sistema tiene un problema de ingresos, no de gastos”, repitió
ayer la titular de Trabajo.
“Hace falta más empleo y sueldos más altos. Las bases están sentadas con los acuerdos sobre el salario mínimo y de negociación colectiva”, indicó Valerio, que defendió las medidas de su gobierno para atajar la precariedad y el fraude laboral.
Incluso, yendo un paso más allá, se alineó con quienes abogan por sostener las pensiones vía impuestos.
Con todo, y pese al discurso conciliador, la ministra habló claro respecto a la petición troncal de los 1.080 euros. “Ya me gustaría, pero mentiría si dijera que el año que viene va a haber una pensión mínima de 1.080 euros.
Tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera. Hay que reorientar el sistema público para controlar el déficit”, lanzó la ministra dando a entender de forma velada que la petición de los pensionistas se escapa de las posibilidades reales de la Seguridad Social.
Al término de la manifestación -también hubo protestas en Gasteiz y Donostia- los pensionistas dejaron claro que van a seguir movilizándose
. “No nos vamos a bajar de ninguna de nuestras reivindicaciones. Mientras la gente nos apoye vamos a seguir en la calle”, afirmó Uña.
deia
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