385.000 pensionistas vascos son pobres

El 56% de quienes tienen una pensión cobra por debajo de los 1080 euros

La lucha y la presión de los pensionistas persigue que “ninguna pensión en Hego Euskal Herria siga por debajo del umbral de la pobreza (1.080 euros al mes).

Los últimos datos de la Seguridad Social confirman que en Hego Euskal Herria existen 690.000 pensionistas. Más de la mitad (56%) percibe por debajo del umbral de la pobreza de 1.080 euros, siguiendo las premisas que fija la Comisión Europea.

Así en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en el ámbito de la CAV, existen 190.002 personas que perciben pensiones por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero llegan hasta las 303.500 personas que reciben una pensión, es decir el 54,87% del total, que no supera los 1.080 euros, de 555.000 pensionistas, en números redondos que existen.

En Nafarroa, las pensiones que no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suman, según los últimos datos de la Seguridad Social, un total de 55.000 personas, en cifras redondas, un 40,54% del total, pero llegan a 81.454 pensionistas que no cobran por encima del umbral de la pobreza, son pobres, es decir el 60,12% de los pensionistas, que en Nafarroa rondan las 136.000 personas.

3 de cada cuatro mujeres cobra menos 1.080 €

Además, las bajas pensiones afectan, sobre todo,a las mujeres. De hecho, en Araba el 75% de las pensionistas percibe pagas por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen las pensionistas navarras, con un 71,17%; en Gipuzkoa, el 70,4% de las pensionistas es pobre, ya que cobra por debajo de 1.088 euros al mes, y le siguen las de Bizkaia, donde el 70,3% de las pensionistas cobra por debajo de ese umbral que fija la Carta Social Europea.

Es evidente que el problema de las pensiones es un problema de reparto de la riqueza. No garantizar que ninguna se encuentre por debajo del umbral de la pobreza es grave. 

Porque todos sabemos que durante la crisis económica, ha sido la élite económica la que ha conseguido más ingresos y beneficios, mientras han caído los sueldos y las pensiones del Pueblo Trabajador.

 En 37 años, desde 1980, la riqueza de Hego Euskal Herria se ha multiplicado por once, mientras que la población solo ha aumentado un 6,44%. La élite cada vez tiene más y la mayoría social, por el contrario, cada vez tiene menos de esa tarta de la riqueza. 

De hecho, una encuesta realizada por BBVA entre los pensionistas, confirma que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa más del 65% que su pensión es “regular, mala o muy mala”. 

46 semanas en la calle, ejemplo de lucha

Por ese motivo, desde hace ya 46 semanas los pensionistas han emprendido una lucha semanal en las calles para reclamar unas pensiones dignas fuera de la pobreza.

 Es una lucha ejemplar que les está llevando a demandar que ninguna pensión esté por debajo de los 1.080 euros y no entienden que ni el Gobierno español, pero tampoco los gobiernos autonómicos de Iruñea y Gasteiz, no sean capaces de evitar que sigan con esas bajas pagas después de que muchos hayan estado cotizando por encima de los cuarenta años.

Las diferentes plataformas de pensionistas en Hego Euskal Herria han pedido hace unos días que es necesario establecer la pensión por encima de 1.089 euros, que es donde se establece la barrera de la pobreza, y, por lo tanto llaman a movilizarse el próximo  15 de diciembre en las cuatro capitales vascas para dejar claro que los presupuestos de 2019 tienen que sacarles de la pobreza.

“Actualmente, se están negociando los presupuestos de los Gobiernos respectivos y la situación de las personas pensionistas es uno de los puntos candentes de los mismos. 

Aprovechando esta circunstancia queremos insistir, una vez mas, en que la problemática de las pensiones no se reduce a unas limitadas ayudas para unas cuantas personas damnificadas, a fin de aliviar sus problemas: su gran precariedad, remarcando que la mayoria son mujeres y no se les reconoce su aportación a la riqueza del país.  

 La situación tiene que ver con las agresiones que está recibiendo el actual Sistema de Pensiones Públicas, que de forma interesada, trata de impedir que se garanticen pensiones actuales y futuras, dignas”, explicaron en un comunicado.

Planes privados

A la vez, indicaron que “no es entendible que los gobiernos e instituciones estén promocionando los planes de pensiones privadas y EPSVs, ya que van en detrimento de la Seguridad Social, y favorecerán e incentivarán a las rentas altas en perjuicio de las más bajas, ampliando la brecha y desigualdad social entre hombres y mujeres. 

Vemos una falta de Compromiso Institucional y desinterés de algunos partidos políticos por encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos actuales”.

Por otra parte, resaltaron las plataformas de pensionistas que “es inaceptable el silencio de esos mismos gobiernos ante medidas amenazantes como el Factor de Sostenibilidad que reducirá significativamente las pensiones.

 También las reformas laborales y de pensiones tendrán consecuencias para las actuales y futuras pensiones.

 Ante estas realidades urge un debate sincero sobre el reparto de la riqueza. Nuestro modelo social debe ir acorde a ella y por tanto los presupuestos del 2019 deben reconocer la cuantía que corresponda a las pensiones. 

 Esta es la razón por la que estas Plataformas de Pensionistas solicitamos dialogar entorno a un Sistema de Pensiones Público”.

“Ninguna pensión por encima de 1.080€”

En ese caso, advirtieron de que “hemos solicitado encuentros con el Lehendakari y la Presidenta de Navarra.  En el primer caso hemos tenido respuesta, aunque no directa.  Así mismo hemos desarrollado encuentros con representantes del Parlamento de Gasteiz, cuya valoración la hemos expuesto en esta Asamblea.  Es nuestra intención solicitar así mismo entrevistas con responsables máximos del Gobierno Español y de los Grupos Parlamentarios de su Parlamento”.

Por lo que indican que “ante el inminente debate parlamentario en torno a los presupuestos les hemos exigido habilitar una partida presupuestaria para incrementar las pensiones mínimas a 1080 euros por ley; lo hemos hecho ante las instituciones de la CAV, Nafarroa y Madrid porque ninguna institución debe eludir sus responsabilidades a la hora de garantizar los derechos de las personas pensionistas, actuales y futuras”.

Porque sostienen que “la pensión de 1080 euros, es la mínima amparada por la Carta Social Europea; los Gobiernos Gobiernos Autonómicos y Central lo pueden materializar y las partidas presupuestarias necesarias para ello pueden ser asumidas por los presupuestos públicos. Es una cuestión de voluntad política y de las prioridades de acción de Gobierno”.

Juanjo Basterra