El sumario del 8M: un gran montaje político para desprestigiar el feminismo y derrocar al Gobierno
Informes policiales y médicos plagados de errores y fake news,
precipitadas conclusiones sobre la relación entre la manifestación y la
expansión del coronavirus y controvertidas decisiones judiciales llevan a
pensar que detrás del asunto está la mano política de PP y Vox
Willy el Rojo El Chapuinforme Cloaquero
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El sumario abierto en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid
para determinar si la manifestación feminista del 8M contribuyó a la expansión acelerada del coronavirus en España va
camino de superar en baja calidad jurídica al que se instruyó en su día por el procés en Cataluña.
A los informes confeccionados
por la Comandancia de la Guardia Civil
de Tres Cantos −plagados de recortes de prensa, bulos y errores garrafales−
se une ahora otro documento pericial, el elaborado por el médico forense, que
no pasaría un mínimo control científico.
“El informe del médico Julio Lorenzo Rego realizado en el marco de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer
el pasado 8M, contiene una ingente cantidad de inexactitudes, omisiones
e incluso datos falsos”, publicaba ayer mismo el diario El Plural.
Si a ello se une que Rego ha participado en diversas conferencias promovidas por los Legionarios de Cristo,
junto al obispo de Alcalá, tal como revela la citada publicación,
tenemos interesantes indicios encima de la mesa para sospechar que
estamos ante otro caso de judicialización de la política.
Hay motivos para ver meigas, el
primero de todos el excesivo énfasis que las derechas han puesto en que todo
este asunto prospere en el juzgado. Desde el principio, PP y Vox han visto en el
caso 8M el 11M del Gobierno de
coalición, solo que nada tiene que ver una cosa con la otra.
De entrada, en los
atentados de Atocha de 2004 hubo un brutal
ataque exterior contra España y una clara manipulación política del Gobierno
del PP para hacer creer a los ciudadanos, a las puertas de unas elecciones, que
las bombas venían de ETA y no del
terrorismo yihadista, como así se demostró finalmente en la sentencia judicial.
Fue una tragedia que afectó solo a los españoles, mientras que en la pandemia
de coronavirus no hay un solo país del mundo que no haya sufrido el zarpazo del
covid-19.
La plaga está siendo
incluso más cruda en lugares como Estados
Unidos y Brasil, que no están
precisamente gobernados por peligrosos líderes socialcomunistas.
Sin embargo,
populares y ultras siguen insistiendo en que este Gobierno “ilegítimo y
criminal” es el culpable de todos los males de la humanidad, incluida una
pandemia imposible de controlar.
El montaje está servido solo con la intención
de derrocar al Gobierno y hasta la Abogacía
del Estado ha enviado un escrito a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, en el que
alerta de que el sumario se está convirtiendo en “una causa general acerca de
la gestión de la crisis sanitaria”.
Hasta el New York Times advierte
de que hay una operación en marcha contra Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias no solo
en los frentes policial y judicial, sino en forma de agitación y revuelta
popular de las clases pudientes: “La ultraderecha ha salido a las calles de
España −uno de los países más afectados por la pandemia− a reclamar libertad
sobre los cadáveres de miles de muertos por el virus, y ha advertido que este
es solo el inicio.
Es mejor prestar atención; a menudo consiguen más de lo que
se espera”. Los periodistas del Times creen
que las derechas, “en el colmo de la alucinación”, suponen que España está en
manos de chavistas y han confundido “el confinamiento pandémico” y el estado de
alarma decretado por el Gobierno para proteger del virus a la población “con un
arresto domiciliario en un gulag” comunista.
El informe médico que obra en poder de la jueza, piedra angular de la
investigación abierta aunque es en sí mismo una pura contradicción”,
sostiene que de no haberse celebrado el 8M “se habría evitado una amplia
difusión de la enfermedad” del coronavirus y concluye que “sí hay datos
que evidencien que tal daño para la vida o integridad de las personas
se materializó”.
No obstante, a renglón seguido el propio médico forense
reconoce que no se puede establecer una “relación de causalidad” entre
acudir a una concentración multitudinaria como la festividad feminista y
los contagios por coronavirus, ya que, según explica el mismo firmante
de la prueba pericial, “no es posible saber si una persona que haya
asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días
−entre el 5 y el 14 de marzo− y que haya resultado infectada por el
virus de covid-19, lo haya sido en esas concentraciones masivas de
personas o en otro lugar, transporte, establecimiento público,
etcétera”.
No obstante, el perito añade un último párrafo en su informe
en el que concluye que “lo que sí es cierto y seguro es que de haberse
evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de
la enfermedad”.
Lo cual es tanto como decir una cosa y su contraria.
Por si fuera poco, el ‘informe Rego’ recoge inexactitudes impropias
de cualquier estudio mínimamente científico, como que “se sabía que
dicha enfermedad se propaga por vía aérea” cuando la OMS
ha negado en reiteradas ocasiones que el coronavirus pueda transmitirse
por el aire, ya que necesita del contacto directo entre dos personas o
más a través de las gotas de saliva o mucosidad de pacientes infectados.
Hasta la propia Abogacía del Estado le ha reprochado que ese informe no
tenga “ningún sustento científico ni técnico”, ni tampoco es razonado
ni se apoya en algún “dato objetivo”.
Solo un ejemplo: en ese mes de
marzo suelen viajar más de 15 millones de personas de media en una
semana en un transporte municipal como el Metro de
Madrid, un lugar perfecto para el contagio masivo.
Sin embargo, a nadie
se le ha ocurrido llevar a los tribunales a los responsables de ese
concurrido servicio público.
Pero el cúmulo de supuestas irregularidades en un sumario que no se
sostiene y que está siendo forzado al máximo desde instancias políticas
(como ya ocurrió con el procés de Cataluña) va
aún más allá.
Ayer mismo, la propia Abogacía del Estado reprochaba a la
jueza instructora que haya decidido devolver el informe al médico
forense con el “afán” de poder imputar de nuevo el delito de lesiones
imprudentes al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José
Manuel Franco.
La abogada del Estado −Rosa María Seoane,
a quien recordaremos como la letrada que rebajó las penas para los
independentistas catalanes al calificar los hechos como sedición y no
como rebelión, tal como pedía la Fiscalía−, ve esa
decisión de la jueza “innecesaria, inútil e impertinente” en relación al
presunto delito de prevaricación que se investiga.
Para Seoane,
devolver el informe a su autor “sólo se explica por el afán de agotar
todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto
delito de lesiones imprudentes”.
Cabe recordar que la titular del
Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid acordó el pasado 23
de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación
administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el
delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras
recibirse en el juzgado el informe médico pericial.
Una vez más,
asistimos a un intento por retorcer la investigación todo lo posible
para judicializar un asunto político, al igual que se hizo durante el
juicio contra el referéndum del 1-O.
Como también es faltar a la verdad, según denuncia la Abogacía del Estado, que la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades,
recomendaran en aquellos días cancelar los eventos multitudinarios,
“sin distinción alguna”.
Sin duda, una mano negra que se mueve desde el
poder político está agitando un proceso que tiene poco o ningún sentido
desde el punto de vista de la lógica y la razón judicial.
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