Tras la ley Sinde viene la ley Lasalle a “facilitar las cosas” en internet
El
Gobierno aprueba la "Ley Lasalle", Con ella se pretende actuar contra
quienes facilitan "a gran escala" la descarga de contenidos culturales,
actuando en los. derechos de los ciudadanos para acceder a ella.
Después
de varios meses de runrún se ha vuelto a filtrar otro borrador del
anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que viene a
acabar el trabajo que, a ojos de algunos, quedó sin hacer con la Ley
Sinde. Esta nueva ley, la Ley Lassalle, viene de nuevo a introducir
cortapisas a la actividad empresarial en internet y, en contra de lo que
manifiesta, a reducir la seguridad jurídica.
En primer lugar se avanza en la criminalización del
enlace. El enlace es una parte fundamental de la web. Es lo que permite
que se pueda navegar de una página a otra. Es lo que permite que la
navegación no se produzca sólo de forma jerárquica y controlada por unos
pocos actores. Es lo que permite que descubras nuevas páginas y nuevas
empresas porque alguien te las señala. Cuando enlazas a una página no
controlas que es lo que tiene esa página, que además puede ser
fácilmente cambiado después de creado tu enlace.
Simplemente indicas algo que te parece interesante en el momento en el que tú lo enlazas. Esta ley pretende equiparar el acto de enlazar al de poner un contenido a disposición. El efecto previsible de aprobarse este proyecto de ley, es que muchas empresas se cuidarán de enlazar tan generosamente como hasta ahora por miedo a posibles riesgos. Lo que hará que el tráfico de internet tienda a concentrarse más en pocos sitios ya conocidos y dificultará el descubrimiento de sitios nuevos.
Simplemente indicas algo que te parece interesante en el momento en el que tú lo enlazas. Esta ley pretende equiparar el acto de enlazar al de poner un contenido a disposición. El efecto previsible de aprobarse este proyecto de ley, es que muchas empresas se cuidarán de enlazar tan generosamente como hasta ahora por miedo a posibles riesgos. Lo que hará que el tráfico de internet tienda a concentrarse más en pocos sitios ya conocidos y dificultará el descubrimiento de sitios nuevos.
En segundo lugar se pretende actuar no
contra los que, supuestamente, alojan contenidos para los cuales no
tiene derechos, sino contra los que enlazan a estos. Y para ello, no
sólo se les puede multar e incluso cerrar sus páginas, sino que se
fuerza a infinidad de prestadores de servicios a que inmediatamente
dejen de trabajar con estas páginas, o de lo contrario se verán sujetos a
multas de cientos de miles de euros. Y todo esto sin recibir una
notificación directa y sin ser parte de un procedimiento en el que
puedan defenderse mínimamente. En el anteproyecto de ley se habla
específicamente de empresas de medios de pago y empresas de publicidad.
Obviamente los que han redactado la ley no tienen
mucha idea de cómo funciona realmente el mercado de publicidad online.
Para que un anuncio aparezca en una página de enlaces puede haber 5 o 6
empresas de publicidad intermediando entre anunciante y página. El
anunciante habitualmente trabajará con una agencia de medios, que a su
vez puede trabajar con una red de afiliación o con un “adexchange”, un
mercado de subasta de publicidad en tiempo real.
Por su parte la página puede trabajar con un representante, una red de soportes o incluso varias en cascada. Todos estos van a estar ahora sometidos a la amenaza de cuantiosas multas si resulta que una de sus campañas ha aparecido en una página que no le gusta a la comisión Lassalle. Y son millones las impresiones publicitarias diarias que manejan estas redes. Como para ponerse a revisarlas una a una.
Por su parte la página puede trabajar con un representante, una red de soportes o incluso varias en cascada. Todos estos van a estar ahora sometidos a la amenaza de cuantiosas multas si resulta que una de sus campañas ha aparecido en una página que no le gusta a la comisión Lassalle. Y son millones las impresiones publicitarias diarias que manejan estas redes. Como para ponerse a revisarlas una a una.
Por si fuera poco, la ley sigue incluyendo la
posibilidad de cerrar páginas webs sin autorización judicial y también
el solicitar a los operadores el bloqueo de páginas en el extranjero. A
esto se añade que obliga a todos los intermediarios a identificar a los
propietarios de las páginas en cuestión.
Todo esto, de ser aprobado, llevará posiblemente a
que más empresas de internet decidan sacar elementos de su actividad de
España ante el mayor riesgo que representa operar en este país. Igual
que ya pasó con la Ley Sinde y los servicios de hosting, a partir de
ahora va a resultar más seguro contratar la publicidad en Miami o en
Irlanda. En algún momento veremos también empresas de internet de tamaño
mediano y pequeño trasladando sus sedes sociales a esas ciudades. No en
busca de beneficios fiscales, sino de seguridad jurídica y de igualdad
de condiciones con sus competidores extranjeros.
Una estupenda manera de ayudar a desarrollar uno de
los pocos sectores que en la coyuntura económica actual es capaz de
generar empleo. ¡Gran idea!
Julio Alonso es, además de
fundador y Director General de Weblogs SL, presidente de la Comisión de
Propiedad Intelectual de Adigital.
Esto es, a grandes rasgos, qué es lo que significa.
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