Un juzgado de familia de Cartagena acuerda como medida
cautelar la entrega de una niña de 4 años a su padre y la privación de
la custodia a la madre, pese a que aquél se halla actualmente investigado en un procedimiento por presuntos abusos sexuales cometidos sobre la menor.
Los hechos ocurrieron el pasado 24/02/2016. Ese día, la
niña llegó tras estar con su padre en una de las visitas con los
genitales irritados. según la madre cuando le preguntó qué había
ocurrido le indicó que fue a consecuencia de tocarle su padre mientras
veían la televisión.
Segun el abogado de la madre, “la llevó a urgencias pediátricas donde se activó el protocolo de agresión sexual, compareciendo el médico forense de guardia.
La niña relató lo ocurrido al forense en las dependencias de urgencias,
pero éste no mencionó tal hecho en el informe que al siguiente día
presentó al juzgado de guardia, llegando incluso a afirmar que la niña
no había dicho nada en absoluto”.
La madre, que había grabado la conversación del forense con la niña cuando ésta se produjo, ha denunciado al médico forense ante el juzgado de guardia por un delito contra la Administración de Justicia (falso testimonio).
El pasado día 17/03/2016 se celebró un juicio ante el juzgado
de familia en el que se inadmitió como prueba la grabación donde se
escucha a la niña contar cómo se produjeron los abusos. Ese mismo juzgado en fecha de 21/03/2016 ha ordenado que se le prive a la madre de la custodia de la menor
y la inmediata entrega de la niña al padre (incluso por la fuerza
pública), alegando que la madre padece un trastorno mental que le hace
ver abusos sexuales a su niña donde no los hay.
La Guardia Civil se ha presentado en la casa de la niña para llevársela. La madre no ha podido hacer nada para impedirlo.
Diferentes organizaciones especializadas en el tratamiento de casos
de abusos sexuales, han manifestado a Tribuna Feminista que la madre no
padece ningún trastorno. La presidenta de AGAME,Asociación galega
contra o maltrato a menores se ha sorprendodo por la medida dado
que ” hay prejudicialidad penal y el juez de instrucción había acordado
que se protegiese la indemnidad sexual”
.
La retirada de la menor por la guardia civil no ha sido pacifica ,
al menos para la menor que ha salido llorando ante la mirada de
impotencia de su madre
Denunciar abusos sexuales a hijos menores aumenta riesgo de retirada de custodia.
Este caso no es unico. Cada año decenas de casos similares
se ven los juzgados y muchos terminan con la retirada de la custodia a
las madres que denuncian abusos.
El informe de Save the Children La justicia
española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar (2011),
ya indicaba que la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual
intrafamiliar no llegan a juicio, son sobreseidos por considerar el
juzgador insuficiente la base de prueba.
Para AGAME organizacion especializada en abusos a menores
“este hecho suele tener repercusiones sobre el otro procedimiento, el
civil, que regula el régimen de custodia y de comunicación de los hijos e
hijas con los progenitores”
Un estudio estadounidense del año 2006 demuestra que una
madre que denuncia abuso sexual intrafamiliar tiene un 70% más de
probabilidades de perder la custodia que si no lo hubiese hecho.
Esta
tendencia es constatable a día de hoy en nuestra justicia.
Para AGAME “el mensaje es claro hacia el agente social más
activo en la denuncia del abuso sexual intrafamiliar” La organizacion
entiende que las madres que están denunciando sufren en los
juzgados”una amenaza explícita y brutal que recae también sobre los
niños y las niñas víctimas”.
Para AGAME las dinámicas de aplicación del SAP suponen
una exigencia de silencio a las madres: “La madre debe callar,
convertirse en encubridora o en ese fantasma ausente que nombran las
personas que sufrieron incesto en su infancia. Callar o arriesgarlo
todo.”
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