Se profundiza la crisis abierta
desde el lunes en el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid tras ser publicados los correos que corroboran la
denuncia del consejero de Políticas Sociales por los criminales
protocolos de actuación aplicados en residencias.
Entretanto, la situación en las
residencias de mayores, aunque muy atenuada por la menor incidencia del
Covid, continúa casi igual que al principio y no se ha adoptado ninguna
medida estructural ni sanitaria concreta que pudiera evitar en caso de
rebrote otra criminal debacle sanitaria de muertes al interior de las
residencias.
La crisis se abrió tras la
comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la
Asamblea de Madrid el pasado lunes, en la que calificó la actuación del
Gobierno de Díaz Ayuso, respecto a los protocolos aplicados para
trasladar o no enfermos graves por posible Covid-19, de “poco éticos” e
incluso de “posiblemente ilegales”.
Ahora, con la publicación de algunos
correos dirigidos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por
parte de Reyero, el encontronazo ha adquirido niveles de profunda crisis
de gobierno.
Lo que podría provocar el cese del consejero de Políticas
Sociales, algo complicado dado que Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos
en Madrid, ha dicho que eso es “política ficción”. O incluso, aunque
menos probable, la caída del Gobierno de coalición y la correspondiente
convocatoria electoral anticipada en la Comunidad de Madrid.
Pero lo más probable es que empiecen a
templar gaitas todos juntos y todo termine, sobre la base de una posible
e inútil comisión de investigación, en meros desencuentros políticos
que se irían limando, en función de sus intereses electorales.
Hasta que
a ambas o alguna de las partes les pudiera interesar iniciar la carrera
electoral. Aunque es evidente que la confianza está quebrada.
Sin embargo, ahora mismo, ni al PP, en
plena y desaforada campaña estatal de desgaste del Gobierno de Sánchez e
Iglesias por la gestión del Covid-19, ni a Ciudadanos, que se está
reconfigurando como partido de “extremo centro” para jugar a la
“geometría variable” que le viene proponiendo el PSOE, les interesan
nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid.
Más bien, al contrario,
necesitan tiempo de exposición de sus estrategias en un escaparate
político tan central como es la Comunidad de Madrid.
Al principal actor
de la crisis, Ciudadanos, lo que le interesa es continuar desmarcándose
en parte del PP, incluso allá donde gobierna con ellos -una razón más de
la crisis abierta-, además de intentar salvarse de la quema personal el
consejero de Políticas Sociales por las querellas judiciales abiertas.
Todo esto encaminado a poder ejercer de bisagra con el PSOE o el PP,
único objetivo político realista de Ciudadanos para su supervivencia a
corto y medio plazo. Y para eso necesita tiempo y mostrar los resultados
de ese viraje.
Mientras el PP, por su parte, sobre la
base del ataque a la gestión de la crisis realizada por PSOE y Unidas
Podemos, y a la consecuente y profunda crisis económica que ya golpea
los cimientos sociales, se propone tratar de mostrar otras políticas aún
más proclives a los intereses de las grandes fortunas y las empresas
del IBEX35 que las desplegadas por el Gobierno “progre” del PSOE y
Unidas Podemos.
El PP ya ha declarado que su
“reconstrucción” va a pivotar sobre políticas apoyadas en una estrecha
colaboración público privada, en realidad privatización desaforada de
los servicios públicos, el impulso a la burbuja especulativa de la
construcción en Madrid y el turismo de elite y congresos.
También será
un eje central la promoción de la actividad financiera y el apoyo al
establecimiento de grandes sedes empresariales en Madrid, al modo de la
City londinense, gracias a su capitalidad y a la operación urbanística
especulativa Madrid Norte ya en marcha que aprobó Manuela Carmena al
final de su mandato.
Esta crisis, sin embargo, puede
desgastar mucho al Gobierno de Díaz Ayuso -incluso a través de posibles
causas penales- y arruinar la estrategia del PP de ponerlo como modelo
de gestión de Pablo Casado, tal y como lo ha hecho hasta ahora.
Meteduras de pata como la de negar el “triaje” practicado en las
residencias por parte de Ayuso, para que luego se confirme.
O, por
ejemplo, dar “comida basura” y defenderlo, a los niños de la población
más humilde, dejan en muy mal lugar ante los ojos de la mayoría, las
políticas del PP en la Comunidad de Madrid.
Los correos electrónicos demuestran el “triaje” y la desidia criminal del Gobierno de la Comunidad
En los correos electrónicos publicados,
que sin duda ha trasladado a la prensa el propio consejero de Políticas
Sociales, Alberto Reyero, se vislumbra con claridad como trata de
convencer al consejero de Sanidad para que no aplique esos protocolos
para aplicar un “triaje”, ante el colapso del sistema sanitario en
Madrid, que dejó fuera de atención hospitalaria a la mayoría de los y
las ancianas de residencias.
Lo que confirma, además, aunque ha sido
negado por tirios y troyanos, que se produjo un colapso total en la
sanidad madrileña que impedía actuar dando cobertura sanitaria a toda la
población.
En concreto y según la información
publicada por El País, se enviaron dos correos al consejero de Sanidad
el día 22 de marzo, en pleno epicentro de la pandemia cuando fallecían
cientos de residentes y Alberto Reyero es conocedor (en realidad él
mismo también había trasladado esos protocolos para su cumplimiento en
las residencias) de la aplicación de esas normas de actuación.
En el
primero de los correos solicita un apoyo sanitario de la Consejería de
Sanidad a las residencias, aunque reconoce que “es muy complicado de
obtener”, señalando que en el caso de que no se produzca “abocaría a que
desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones
indignas”.
En el correo añade que, si los protocolos -que él conocía
perfectamente- se aplicaran a “personas con discapacidad, la situación
tiene un componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas
con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida podrían ser
rechazadas en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de
graves consecuencias legales”.
Sin embargo, el consejero de Ciudadanos
en ningún momento se dirige a la fiscalía y pone en sus manos toda la
información de la que dispone para que actúe, aun habiendo señalado que
las normas de actuación definidas podrían generar “graves consecuencias
legales. Según señala Reyero en los correos existen indicios de delito, y
todo conocedor de posibles indicios de delito, más cuando es un cargo
público, tiene la obligación de denunciarlo a la fiscalía.
Ante la falta
de respuesta del consejero de Sanidad, insiste horas más tarde con otro
correo en el que plantea alternativas como “medicalizar las
residencias” o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”.
Sin
embargo, lo que tampoco hace Reyero en ningún momento, ni el consejero
de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, es plantearse intervenir las
residencias privadas por su incapacidad para gestionar la crisis.
Residencias gestionadas sobre la base de la precarización laboral, los
bajos salarios, las jornadas maratonianas, y la falta de EPI que
sacudían a un personal muy castigado.
El Gobierno PSOE – Unidas Podemos, cómplice
Dado el enorme volumen de enfermos
graves simultáneos que se estaba produciendo, la medida fundamental que
debería haber tomado el Gobierno era intervenir todos los recursos de la
sanidad privada, tanto infraestructuras y medios como personal y
ponerlo al servicio de esta necesidad imperiosa sanitaria.
Porque,
efectivamente, los recursos sanitarios públicos estaban trabajando al
100% y no daban más de sí. Por contra, la patronal de la sanidad
privada, como hemos denunciado, enviaba trabajadores sanitarios de
vacaciones, cuando no despedía a muchos de ellos. Y es conocido que solo
un 20% de los recursos sanitarios privados ha sido puesto al servicio
de las necesidades de la sanidad pública y como sabemos también, además,
ahora pretenden cobrar por ello del erario público.
En este marco catastrófico, el Gobierno
“progre” del PSOE y Unidas Podemos no llevó a cabo esa política. Y no
lo hizo cuando tenía incluso un margen “legal” para hacerlo por el
Estado de alarma, uno de cuyas prerrogativas es habilitar el
requisamiento por parte del Estado de cualquier bien o servicio privado
para ponerlo en ayuda del interés público.
Por eso, cuando Pablo Iglesias en su
comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso del
pasado jueves calificó de “escándalo” las muertes en centros sociales,
residencias de ancianos o de personas con discapacidad,
responsabilizando a las comunidades autónomas -sobre todo a Díaz Ayuso y
su gestión, que calificó de “negligente y nefasta”-, tiene razón hasta
cierto punto.
Evidentemente, las competencias son de las comunidades
autónomas, pero el mando centralizado que les dio el Estado de alarma
les hubiera permitido intervenir los recursos de todo tipo de las
empresas privadas. Incluidas instalaciones industriales para la
fabricación de ventiladores, respiradores, geles, mascarillas, guantes,
etc. cuya falta fue parte del desastre, pues diezmó el personal
sanitario público.
Además, claro está, de poder intervenir la sanidad
privada y exigir a los gobiernos autonómicos a intervenir esos recursos.
Pero el Gobierno “progre” no hizo nada
de esto. Se detuvo, como era de esperarse, ante el respeto absoluto de
la propiedad privada de los especuladores y mercaderes de la salud como
las grandes empresas y conglomerados de la sanidad privada. Por ello, es
cómplice de este crimen social.
Las cifras de la vergüenza
Los datos de mortalidad de las y los
ancianos en residencias en el conjunto del Estado español, sigue sin
hacerse oficial, pese a que existe una instrucción del Ministerio de
Sanidad por la que ese dato debería haberse hecho público desde el día 9
de mayo. Sin embargo, casi un mes más tarde seguimos sin tener cifras
oficiales al respecto.
Según valoraciones extraoficiales que
han elaborado los medios de comunicación, el número total de ancianos y
ancianas fallecidas en residencias para el conjunto del Estado serían
más de 19.000 y solo en la Comunidad de Madrid superarían los 9.000.
Esto supone que del total de muertes declaradas oficialmente por
Covid-19, 27.128, un 70% serían personas que vivían en residencias.
Y de
todas ellas el 47% se habría producido en la Comunidad de Madrid. Por
lo que, dentro del absoluto desastre, destaca la Comunidad de Madrid por
la gestión social criminal que se ha realizado en sus residencias.
Es un dato que quema. Y quema tanto a
las autonomías como al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
A unos, los
Gobiernos autonómicos, por ser responsables directos de las actuaciones
desarrolladas dentro de las residencias y que de forma prácticamente
generalizada han supuesto la muerte de miles de ancianos y ancianas.
Y
al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos porque son corresponsables de lo
sucedido y, además, ni siquiera están contabilizando esas muertes, lo
que resulta un doble ultraje.
Levantar un programa alternativo
La única manera de hacer frente a un
rebrote de la pandemia que cause aún mayores estragos, algo bastante
probable, sobre todo entre la población muy vulnerable de las
residencias, es levantar un programa a través de la movilización de los
trabajadores y usuarios en conexión con el sector sanitario público y el
conjunto de las clases populares que exija la nacionalización de todas
las residencias sin indemnización y bajo control obrero, la
medicalización permanente de los centros, desarrollar un programa de
inversiones intensivas en medios y mano de obra y el levantamiento de
una investigación controlada y desarrollada por los familiares y los y
las trabajadoras de las residencias.
Es decir un programa que parta de
que nuestras vidas valen más que los beneficios de los capitalistas.
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